Corrupción y cultura política

Por: CPC. FERNANDO MELENDEZ ZUMAETA
loretoesmibandera@hotmail.com

Diferentes estudiosos plantean, utilizando diversos instrumentos para su estudio, la problemática de la corrupción cometida en la Administración Pública. Al respecto, se observa con preocupación en casi todos los ámbitos, el deterioro que viene confrontando la conducta de los funcionarios y funcionarias públicas en el ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos legales aprobados para acabar con este flagelo.

La búsqueda de métodos eficaces para combatir la corrupción, es esencial para la promoción del desarrollo económico, la calidad de la democracia y la justicia social. Impotencia colectiva,  Desde un punto de vista estructural, los efectos de la corrupción sobre el desarrollo económico, y más sobre un desarrollo económico sostenible, son demoledores. También, influye negativamente en la credibilidad de las instituciones, y es una de las causas de la pobreza y la pobreza extrema, porque atenta contra la calidad, la eficacia y eficiencia de los programas sociales o de protección social. Los resultados de las acciones estatales para reducir la anemia, la desnutrición, la mortalidad infantil, la deserción y repitencia escolar, así como los programas de prevención de enfermedades metaxénicas, todos se ven seriamente afectados.

De manera general, la corrupción afecta negativamente al funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho, pues daña la igualdad política y el bien común (Obras y servicios de pésima calidad). Algunas investigaciones señalan a la corrupción como una de las variables causales de tal fenómeno de desafección, pues erosiona la confianza en el gobierno y la legitimidad de las instituciones políticas. En cuanto al rendimiento, un factor clave para explicar el deterioro en la percepción de confianza es el declive de la fidelidad o de la ética con la que los políticos actúan en representación de los ciudadanos. En cuanto al cambio de expectativas sociales, algunos autores consideran que una ciudadanía más educada y más escéptica es más rigurosa en el juicio a sus dirigentes, además de ser más sensible a cuestiones éticas. Por eso señalamos con énfasis que la educación es una condición fundamental para la inclusión social, para los ciudadanos pueden ejercer ciudadanía, ejercitar sus derechos fundamentales y exigir con conocimiento de causa sus derechos. ¡Libertad para decidir!.

En definitiva, la presencia de estos delitos en el seno de las sociedades tiene una vinculación directa con los valores que son defendidos por los ciudadanos. Con relación a los funcionarios, los valores se materializan a través de la ética profesional. Pues ésta tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, pues, se requieren cualidades éticas, como la idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su personalidad. El ser profesional digno representa la excelencia, el decoro que tiene el funcionario y el respeto consigo mismo, constituye la figura principal en la que debe girar su actuación, su conducta en cualquier ramo donde se desempeñe, de allí, lo relevante de este análisis. Podemos señalar, entonces, que el elemento moral requiere también una gran atención en aras de un estudio integral de la corrupción, que reúna todos sus aspectos.

A pesar que muchos son los enfoques y disposiciones que amparan la formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el deterioro evidente en la actualidad es preocupante, sobre todo cuando se describen situaciones de funcionarios públicos, que en el ejercicio de sus funciones actúan en contra de ello, acrecentando esta problemática a todo nivel. Un estudio de Carbonell (2010), que analiza la situación judicial mexicana, destaca la importancia de la ética pública, aunada a una mejor política legislativa: «Una parte de la corrupción en el sistema judicial mexicano es producto de una falta de ética que evite que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad. Pero también hay muchos actos de corrupción que tienen su origen en una mala política legislativa, es decir, a veces son las propias leyes las que generan o inducen a la corrupción».

Por ello, surgen disposiciones en diversos instrumentos legales, que llevan consigo el control jurídico, para sancionar las diversas conductas cometidas en la administración publica por sus funcionarios, por encontrarse muchos casos, sin que hayan sido sancionados por los órganos jurisdiccionales, a pesar de haber sido imputados por el Ministerio Publico. Este problema de la impunidad, se encuentra muy arraigado en la experiencia latinoamericana, tal como los reflejan los estudios internacionales sobre el impacto de la corrupción en estos países. De allí, la necesidad de analizar estos delitos de corrupción y el control jurídico, que se aplica, en bienestar de los males que aquejan a los distintos países. En atención a la problemática expuesta, resulta interesante estudiarla profundamente. Continuará…

(Extracto de una publicación de Jeri Gloria Ramón Ruffner, docente principal de la Facultad de Ciencias Contables, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: CORRUPCIÓN, ÉTICA Y FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ.