Por: Pablo Martín Casuso Chávez *
Según las declaraciones de Contralor General de la República Nelson Shack, brindadas hace unos días en la ciudad de Arequipa, la mayor corrupción está en las obras públicas a nivel nacional. (https://comprasestatales.org/la-mayor-corrupcion-esta-en-las-obras-publicas-segun-la-contraloria/)
Aseguró que el proceso de descentralización no ha funcionado como se esperaba en el país. Dijo que esto se debería a la falta de fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales, “Todas las obras grandes e importantes en todo el Perú, que hacen los gobiernos regionales y locales, tienen problemas”, aseguró.
Este tema de gravitante actualidad y aplastante realidad tiene enorme importancia debido a los problemas que vienen presentando las ya conocidas obras en nuestra ciudad, paralizadas algunas desde hace mucho tiempo, lo que genera mayores costos, no sólo económicos, sino, sobre todo, sociales.
Y el Contralor plantea, como una solución al problema, que “…el Ejecutivo cree un Ministerio de Obras Públicas. Esto permitiría centralizar la capacidad de ejecución de todas las obras importantes de más de S/100 millones”. Y que “…entre otras alternativas, sólo resta fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos regionales”.
Personalmente, encuentro en este planteamiento dos grandes problemas: el primero de ellos es que nada ni nadie puede garantizar que en el Ministerio planteado no vaya a existir corrupción y quien sabe si hasta existiría en mayor medida.
El segundo problema, es que, si se crea este Ministerio de Obras Públicas, estaríamos volviendo a centralizar la ejecución de las grandes obras; es decir, volveríamos al centralismo que tanto combatimos y por el que se decidió descentralizar el país a través de los gobiernos regionales.
Pero surge también una inquietante pregunta, que debería ser respondida de la manera más clara posible por quienes están realizando este planteamiento: ¿no será que están queriendo centralizar la corrupción?
Porque tratándose de corrupción en las obras públicas, ni el Ejecutivo o el Legislativo se salvan, sino recordemos lo conocido a través de los medios de comunicación en este último caso donde acaban de detener a la señora Sada Goray y al periodista Mauricio Fernandini por haber negociado con representantes del Ejecutivo para la construcción de “viviendas de interés social”.
O también recordemos el caso de “Los Niños”, donde supuestamente se hicieron arreglos con el Ejecutivo y se entregaron obras para las regiones de varios congresistas a cambio de sus votos para salvar al ex presidente Castillo de la censura.
O un poco más lejos en el tiempo, recordemos el caso de Kenji Fujimori, cuando el extinto congresista Moisés Mamani Colquehuanca, que fuera representante de Puno entre julio de 2016 y septiembre de 2019, le grabó subrepticiamente ofreciendo obras, con el supuesto aval del Ejecutivo, a cambio de votos para tratar de obtener la liberación de su padre Alberto Fujimori.
Y en una de estas grabaciones, que se llegó a divulgar por la televisión nacional, se pudo escuchar que había congresistas que cobraban un porcentaje del presupuesto por cada obra que conseguían para determinado Gobierno Regional o Local.
Esto me recuerda, además, que acá en nuestra región tuvimos algunos congresistas cuyas propuestas cuando estaban en campaña era “conseguir obras para Loreto”; es decir, llegaron al Congreso para gestionar obras en lugar de legislar y pregunto ¿habrán cobrado su porcentaje por cada obra conseguida?, sinceramente espero que eso no haya pasado, pero nadie lo puede asegurar.
Pero, dejando para otro momento el tema de la labor de quienes fueron congresistas por nuestra región, en necesario reconocer que en el Gobierno Regional y en todos los gobiernos locales de nuestra región también existe el problema de la corrupción en las obras públicas, en unos más que en otros, pero en todos los casos está presente y para confirmar ello basta revisar las denuncias presentadas contra las ex autoridades o las investigaciones periodísticas realizadas y publicadas, todas debidamente documentadas.
Las actuales gestiones locales y regional, tienen la oportunidad histórica de cambiar esta triste realidad; esperemos que no nos defrauden, como lo hicieron todos los anteriores gobernantes en los últimos treinta años.
Entonces, el meollo del asunto está en ver qué se puede hacer para tratar de reducir, sino eliminar, los actos de corrupción en las obras públicas y en general en las contrataciones públicas, para que, por lo menos en nuestra región, no continúen las paralizaciones de obras, como las ya conocidas.
Como nadie tiene la solución mágica, propongo que el Gobernador Regional convoque a los colegios profesionales y a personas entendidas en la materia, para que aporten propuestas de solución, sean evaluadas estas y finalmente poder determinar cuáles son las mejores propuestas o más convenientes para los intereses de nuestra región y del país.
Lamentablemente, ya se anunció la rescisión del contrato de la, para mí, mal llamada “Alameda Monumental de Iquitos”, lo que significa que esta obra no podrá estar culminada este año, convirtiéndose posiblemente, ojalá que no, en otra obra paralizada, lo que acarrea la prolongación del perjuicio económico que ya vienen sufriendo los comerciantes que tienen sus negocios a lo largo de la calle Raimondi, además de la afectación a su salud por tener que estar respirando los agentes contaminantes que se generan al estar abiertos varias alcantarillas y otros.
- Abogado UNMSM – Arbitro – Especialista en JRD.
