- Ex gestión de Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla vulnera normatividad.
La Contraloría General de la República detectó que el Concejo Provincial de Mariscal Ramón Castilla, del periodo 2019-2022, acordó fijar la remuneración del alcalde y dietas de los regidores por montos superiores a lo establecido en la normativa aplicable, lo que causó un perjuicio económico de 237 mil soles en la entidad.
En el Informe de Control Específico N° 016-2023-2-0440-SCE, desarrollado del 1 de enero del 2019 a diciembre del 2022, se mencionó que tras la revisión y análisis de la documentación correspondiente por parte de la Comisión de Control, existe una la vulneración al Decreto Supremo N° 025-2007-PCM que establece prohibiciones a dicho incremento de ingresos, de conformidad a las medidas de austeridad vigentes.
Asimismo, se contravino la normativa presupuestal de los años 2019 a 2022 que prohíbe a los gobiernos locales efectuar todo tipo de reajuste o incremento de remuneraciones o dietas.
De la revisión del acta de sesión y acuerdo del Concejo Municipal, así como de comprobantes de pago y extractos bancarios vinculados al caso en mención, se evidenció que la remuneración del burgomaestre fue fijada en 5 070 soles y las dietas de los concejales en 1521 soles.
Los hechos descritos se originaron por el accionar del ex alcalde provincial quien pese a tener la obligación de velar por una adecuada gestión presupuestaria de conformidad con el ordenamiento jurídico, no realizó las acciones correctivas.
De igual manera son presuntos responsables los exgerentes de Administración y Finanzas quienes, dentro de sus periodos de gestión, tramitaron y autorizaron los pagos que incluían los incrementos en la remuneración del alcalde y la dieta de los regidores.
Además, se encuentran comprendidos en el caso los exdirectores de la Oficina General de Administración.
El presente informe de Control fue puesto de conocimiento al Procurador Público de la Contraloría para iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de presuntas irregularidades.
Así también se solicitó al Órgano Instructor de Contraloría realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la municipalidad provincial comprendidos en los hechos en mención y se comunicó el informe al titular de la entidad para que adopte las acciones correspondientes.
