En la dirección regional de educación.
Se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en dos funcionarios y dos ex servidores públicos.
Como parte del Megaoperativo de Control en Loreto, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de 193 mil 500 soles en la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL), debido a que se pagó por seis servicios de transporte fluvial para el traslado de docentes, administrativos y familiares desde la ciudad de Iquitos hasta los distritos de Napo, Torres Causana y Yaquerana, los cuales no fueron ejecutados.
Además, no se efectuó el proceso de selección que le correspondía (adjudicación simplificada). En el Informe de Control Específico 012-2021-2-0734 se evidenció que de los nueve servicios contratados por el monto total de 294 mil 500 soles, el proveedor solo ejecutó la prestación de tres servicios. Sin embargo, la DREL otorgó la conformidad y pagó por todos los servicios contratados.
Además, de la verificación de la ficha RUC, se advierte que la actividad comercial del proveedor es “transporte de carga por vía de navegación de interiores” y no cuenta con el giro de negocio de transporte de pasajeros.
En el informe también se detectó el incumplimiento de otras obligaciones del contratista respecto a los términos de referencia, que exigían que el proveedor cuente con una embarcación por cada ruta detallada en las órdenes de servicios, con capacidad para 150 personas, potencia de motor no menor de 480 HP, así como una embarcación auxiliar con un motor de 80 HP con capacidad para 8 personas. Sin embargo, el proveedor solo subcontrató dos motonaves para atender dichos servicios.
Ganó la empresa de Lady Ruth Eléspuru Reátegui, por el traslado de docentes a un monto de 294 mil 500 soles. Favorecieron al mismo proveedor, sin contar con la autorización del área usuaria. La contratista no tenía naves y contrató a motonave “Yatsur” y “Dianita I”. Al final emitió informes como si habría cumplido con todas las rutas, cuando no era así. Ahora el Procurador Público iniciará las acciones legales correspondientes.
Asimismo, se evidenció que a pesar que correspondía realizar un procedimiento de selección (Adjudicación Simplificada), conforme a las opiniones emitidas por Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la entidad favoreció con la contratación a un mismo proveedor para estos servicios, efectuando contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT, configurando un fraccionamiento indebido
Por la situación expuesta, en el informe cuyo periodo de evaluación es del 3 de marzo al 30 de abril de 2021, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en dos funcionarios y dos ex servidores públicos. Javier Arce Urrea, con responsabilidad administrativa. Marilú Sandra Huamán López, responsabilidad penal y administrativa al igual que Joiner Martín Vásquez Egoavil y José Luis Damián Zárate.
Los detalles del Informe de Control fueron comunicados al titular de la DREL para que efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas de las personas comprendidos en los hechos irregulares; y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales correspondientes.
