Continúan malos manejos en Pastaza

– Desoyen invocación del JNE sobre los votos golondrinos

Los desfalcos, los malos manejos, los votos golondrinos y los negocios familiares se han vuelto pan de cada día en la municipalidad distrital de Pastaza, donde en la práctica tanto el alcalde como sus funcionarios hacen lo que les da la gana con los recursos del Estado Peruano; mientras tanto la población de dicho lugar continúa sufriendo los terribles embates de la contaminación ambiental, el casi exterminio de los Candoshis en las inmediaciones de uno de los lagos más ricos, hermosos y grandes del país (Rimachi/Musa Karusha), merced a la hepatitis B y otros males.
Todo esto muy a pesar de las denuncias periodísticas y no obstante que desde el año 2012 un voluminoso expediente sobre la inservible obra del agua y desagüe de casi tres millones de soles está inexplicablemente «congelado» en la Procuraduría Anticorrupción de Loreto, pese a los requerimientos de este Despacho. Nada importa a las autoridades y a los funcionarios de dicha corporación edil con la finalidad de verse favorecidos con los dineros pertenecientes a una de las zonas más empobrecidas del Perú.
Hasta la fecha, el alcalde Jorge Luis Navarro Navarro, no responde sobre el destino de 522,956 nuevos soles que debió gastarse en el «Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal», dinero transferido por el gobierno central en diciembre 2013 y que se hizo humo. Tampoco responde sobre el desfalco de más de 140,000 nuevos soles correspondiente a las «Obras Complementarias» de la Institución Educativa N°  62284 de Puerto Industrial, dinero que «cubrieron» con bienes y servicios de carácter fantasmal.
El jefe de Presupuesto, Jorge Luis Rodríguez Rojas, sin el menor rubor y con todo cinismo, ha hecho que su cónyuge Paola del Águila López (RUC N° 10429320408) solamente en lo que va del presente año 2014 cobre la suma de 8,580 nuevos soles, que sumados al período 2011-2012-2013 arrojan la astronómica suma de 197,487.20 nuevos soles. Es decir, que utiliza su alto cargo para beneficiarse teniendo a su propia mujer como proveedora, con la anuencia cómplice del alcalde Jorge Luis Navarro Navarro.
Quien no se queda atrás es el Administrador Juan Manuel Vela Lozano, de quien su cónyuge Juana Mendoza Vásquez (RUC N° 10067945781), entre los años 2012 y 2013 cobró como proveedora la suma de 70,208 nuevos soles, siendo favorecida hasta con escandaloso proceso de selección (licitación).
Pero el tema no queda allí, porque resulta que el Servicentro Alicia S.R.L. (RUC N° 20450131891), ha cobrado en el año 2012 exactamente 25,237.82 nuevos soles. ¿Y de quiénes es dicha empresa? Simple y llanamente de los familiares directos del acotado Administrador: Astolfo Vela Reátegui (su padre) es el gerente general y Carlos Alberto Vela Lozano (su hermano) es el sub – gerente.
La situación es tan escandalosa y desvergonzada en Pastaza que el Tesorero Edgar Dávila Torres, se ha convertido en el amo y señor del burgomaestre Navarro y  según todos los indicios sería uno de los «financistas» de los fraudulentos traslados domiciliarios, es decir de los votos golondrinos; siendo, además, el «auto usurero» de la indicada municipalidad. Es decir que ni siquiera el reciente comunicado del propio Jurado Nacional de Elecciones sobre las sanciones penales sobre la votación golondrina los hace recapacitar.
Lo que resulta extraño es que a pesar de las múltiples denuncias el alcalde Navarro Navarro, ratifica en los cargos a los funcionarios, lo cual significa una complicidad indiscutible, por lo que debe aplicarse la normatividad vigente en salvaguarda de los intereses de las comunidades afectadas.
LEGISLACIÓN VULNERADA EN EL PASTAZA. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. «ARTÍCULO 22.-VACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR. El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, en los siguientes casos: (…) 9. Por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 de la presente ley;  (…)». «ARTÍCULO 63°.- RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de  trabajo, que se formaliza conforme a la ley de la materia.  Los contratos, escrituras o resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades  administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar, inclusive la  vacancia en el cargo municipal y la destitución en la función pública». Ley de Contrataciones del Estado-Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento; Ley del Código de Ética de la Función pública  N° 27815.