El Poder Judicial y El Desarrollo Económico
Cuál es el papel que le toca al Poder Judicial en cuanto al desarrollo económico del país, o es que no le corresponde ningún papel? Fue la pregunta que se planteó en el IV congreso nacional de magistrados, y es ahí donde los puntos de reflexión se han visto reforzados por la exposición de brillantes expositores de temas económicos, como el economista Pablo Secada Elgera, quien manifestó que efectivamente el Poder Judicial contribuye a un sostenimiento del crecimiento económico, por cuanto los diversos factores económicos se mueven en torno a la inversión que constituyen evidentes componentes de estabilidad y ello contribuye con algunos puntos porcentuales no sólo en el sostenimiento, sino también en el crecimiento económico, así mismo, el ex presidente Alejandro Toledo, quien dio su disertación sobre lo que significa el desarrollo económico y por qué la Magistratura independiente y sobre todo rápida permite un sostenimiento y crecimiento económico por cuanto la visión de los economistas establece que si existe una judicatura independiente y sobre todo que da celeridad a la resolución de conflictos, ello permite mayor inversión por parte de los capitalistas, y por qué no, también un crecimiento económico.
Estos puntos de vista sirvieron para que en las comisiones así como en el pleno al momento de discutir el papel que juega el Poder Judicial en los aspectos económicos de un país, se resolvió que efectivamente cuando existe un Poder Judicial eficaz y efectivo en lo que se refiere a la administración de Justicia, con total independencia, esta situación permite no sólo estabilidad económica, sino crecimiento económico sostenido, en tanto se garantiza una correcta administración de Justicia y se da confianza a los inversionistas.
Dentro de estas perspectivas se analizó la calidad de las sentencias, la predictibilidad en las mismas, así como cantidad de sentencias emitidas en función de las que han ingresado, y por supuesto esta calidad de sentencia tiene que ver con la preparación de los jueces, secretarios y la necesaria tecnificación de las diversas áreas del Poder Judicial que permitan un servicio de calidad.
Dentro de este contexto de factores económicos y Poder Judicial se han debatido los temas referentes a la oralidad de los proceso, habiéndose evaluado que efectivamente el sistema acusatorio, garantista adversarial, que ya se viene aplicando en la administración de Justicia penal, ha sido eficaz en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra violencia estructural.
En cuanto al tema de Justicia virtual es evidente que aún falta definir conceptos al interior del presente tema puesto que podríamos estar refiriéndonos a hacer la Justicia a través de sistemas de tele conferencia, o estamos hablando de utilizar toda la tecnología que existe hoy en el sistema digital a fin de administrar justicia o referirse a las comunicaciones entre los operadores jurídicos, no obstante estas dudas, sin embargo lo que si hay consenso es en que la Administración de Justicia debe utilizar todos los medios tecnológicos que existen en la actualidad para dar el mejor servicio a los usuarios, para que ésta sea rápida y segura.
ROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
PROPUESTA DE LOS PARTIDOS POLITICOS REPRESENTATIVOS.
Es lamentable decirlo pero es una realidad, los Partidos Políticos, aun los más representativos, carecen de una auténtica posición sobre la Administración de Justicia, ya que ello resulta sólo un tema de naturaleza coyuntural, y que es manoseada por ellos cuando mejor les conviene, y para los fines de sus necesidades.
El tema poder Judicial y Administración de Justicia sólo ha servido desde hace muchos años para Justificar algunas acciones de naturaleza efectista, pues carece de una verdadera reforma estructural junto a los demás Poderes del Estado a fin de convertirlas en verdaderas políticas de Estado que contribuyan al fortalecimiento de la Institución como es el poder Judicial, de ahí que a la mayoría de políticos y por qué no decirlo, gobernantes, les conviene esparcir la idea de que el Poder Judicial es corrupto a fin de debilitarlo de una manera ostensible ya que no sólo desvían la mirada a otro lado, sino que lo convierten en un blanco perfecto de la ciudadanía, pero este desprestigio le hace daño no sólo al Poder Judicial, sino a toda la estructura del Estado.
Los partidos Políticos tienen una definición superficial sobre lo que es la estructura del Poder Judicial y su funcionamiento, así como la falta de los recursos necesarios para permitir su fortalecimiento. Pues a todo ciudadano nos hace falta un Poder Judicial que garantice un Estado democrático de Derecho, esto quiere decir que ningún Partido político tienen una auténtica y verdadera concepción del poder Judicial y por ello no se incluye el tema Administración de Justicia al interior de su programa, ello también se refleja en los llamados partidos Políticos regionales. Muchos de ellos lo único que pretenden es hacer del poder judicial, indudablemente a través de sus magistrados, una suerte de dependencia judicial, a fin de que sólo le sirva a su intereses, lo que evidentemente no es correcto ni justo, puesto que tratándose de una parte del Estado debería más bien garantizar una independencia y autonomía del poder judicial a fin de fortalecerlo de tal suerte que ello signifique mayor garantía para todos los peruanos
PRESUPUESTO DEL ESTADO CON RELACIÓN AL PODER JUDICIAL
Una de las formas de no otorgarle su autonomía al Poder Judicial es evidentemente hacerlo dependiente del Ejecutivo en cuanto a los asuntos presupuestarios, «El que tiene la plata tiene el Poder», y esto siempre se ha manejado de esa manera y se ha pretendido hacer más dependiente al poder Judicial y llegando a convertirse en la denominada «Cenicienta»; sin embargo, en los últimos tiempos los reclamos y exigencias del Propio Poder Judicial y hasta una acción competencial le han dado la razón para que sea el propio Poder Judicial quien formule su presupuesto de manera directa, no obstante ello aún siguen las mezquindades y recortes presupuestales, no permitiendo la inversion en la Justicia y manteniendo al Poder Judicial en una falta de inversión para modernizar su infraestructura, y dotarlos de las herramientas necesarias para dar un mejor servicio a los usuarios.
BALANCE Y PERSPECTIVA DEL SISTEMA PROCESAL PENAL
El Nuevo proceso Penal con tendencia Acusatorio -Garantista es un sistema que cambia los conceptos sobre el proceso penal, así como el nuevo rol de las partes en dicho proceso, así como la aplicación de los principios del sistema acusatorio.
El hecho de desligar al Juez de la persecución penal y otorgársela al Ministerio Público, así como el derecho a la defensa en la cual se determina no sólo la inmediación de las partes en el proceso, sino sobre todo y fundamentalmente la contradicción como elementos sustanciales del nuevo proceso penal, lo que hace ver que se trata de que las partes cumplan cada una con el rol que les ha establecido la Constitución Política del Estado y las propias Normas internacionales de Derechos Humanos.
Que la información que se tiene de los distritos judiciales (16), donde ya se ha puesto en vigencia el nuevo Código Procesal Penal es positiva, la evaluación que han hecho los propios órganos de la administración de Justicia son positivos, y señalan no sólo la prontitud, o celeridad con la que se resuelven las causas, sino la inmediación de las partes y también de la incorporación de los medios probatorios, así como la resolución del conflicto de manera más rápida y dando la protección que requieren las partes.
Esto tiene también otros beneficios colaterales como la de eliminar las posibilidades de retardar los procesos por las partes, así como se cortan las posibilidades de actos de corrupción. De igual manera que este sistema genera una verdadera descarga procesal, por cuanto al ser de inmediata resolución no hay posibilidad de acumulación de causas.
3.1.- ROL DEL MAGISTRADO
Es indudablemente que en el sistema Acusatorio se trata de distribuir de mejor manera los roles de cada una de las partes, esto es que si bien es cierto que el Estado tiene la capacidad de perseguir el delito, sin embargo acaba con la posibilidad de un magistrado contaminado, y lo impulsa a ser consecuente con la independencia, e imparcialidad, a través de un nuevo rol del juzgador quien se convierte como dicen los chilenos en un juez de garantía.
El Juez deja de ser el que investiga pues esta tarea se la pasa al Fiscal, para convertirse en el Juez que protege los derechos de las partes, y de una manera importante la protección de los Derechos fundamentales del imputado que es el más débil de las partes en el proceso. El Juez deja de ser «boca de la ley», para convertirse en el protector de los derechos fundamentales.
Sin embargo y a partir de esa imparcialidad, debe generar mayor confianza en la ciudadanía de que se sanciona a quien hay que sancionar porque se le ha encontrado culpable de los hechos que se le han imputado, pero también es capaz de absolver al inocente que es la persona que pese a tener una imputación en su contra, sin embargo no se ha podido probar su responsabilidad o la prueba es insuficiente y sobre todo ha prevalecido la presunción de inocencia, así como de haber obtenido los medios probatorios de acuerdo a las normas legales.
El Juez inquisitorial se convierte en un auténtico juez de garantía, y ello lo lleva a un ejercicio del Contra Poder porque es quien pone los verdaderos límites al ejercicio del Poder, por cuanto se convierte en protector de un verdadero Estado de Derecho Constitucional, al ser verdadero protector de los Derechos fundamentales y las libertades públicas.
Es evidente que el nuevo juez garante de los derechos fundamentales, puede cuestionar la propia constitucionalidad de la ley que ha dado el Poder Legislativo cunado ella viole los derechos constitucionales, y las propias normas internacionales de Derechos Humanos, pues están vigentes El Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos que le da sustento a las decisiones de los Jueces.
Es indudable que este nuevo rol del Juez debe ser sustentado con capacitación permanente que debe ser impartida a cada uno de los integrantes del poder Judicial a fin de que la capacitación sirva como sustento de las resoluciones que emita en las nuevas circunstancias que aparecen con el nuevo proceso penal.
3.2.- PROBLEMAS NORMATIVOS
Es evidente que tratándose de un nuevo modelo procesal, así como de un nuevo código Procesal penal existen una serie de artículos que debe ser modificados, para estar de acuerdo a las Normas internacionales de Derechos Humanos, así como de la propia norma Suprema, es que deben haber artículos que deberán ser modificados como por ejemplo los que establecen la formación de un expediente, que algunos magistrados lo entienden como el mantener un expediente escrito
Estos completamente seguros de la existencia de normas que se contraponen a la Norma Constitucional, o a normas internacionales de Derechos humanos, por lo que el Juez debe actuar con total independencia, así como aplicando los principios generales del Derecho Procesal, o derecho penal, aplicando la proporcionalidad y racionalidad de las decisiones jurisdiccionales a fin de que estas sean legitimas y permitan una verdadera aceptación institucional.
Es cierto que quienes pueden dar un mayor aporte específico serán los magistrados y el propio Ministerio Público de los Lugares donde ya se encuentra vigente el nuevo proceso penal, esperando que ya existan algunas evaluaciones que permitan hacerlo.
3.3.- ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Es indudable que también es importante hablar de un nuevo despacho judicial, esto es que se trata de que el Juez no se inmiscuya en los aspectos administrativos, los que deberán estar a cargo de un administrador del modulo quien deberá implementar la mejor forma de administrar audiencias, no formar expedientes.
Esto pasa por separar las funciones del Juez quien se dedicará exclusivamente a los asuntos jurisdiccionales, esto es que no se delegue funciones de los jueces a los técnicos así como que el juez se involucre en los aspectos administrativos.
Esto tiene que ver con la dotación de los suficientes medios técnicos que permitan que los administrativos puedan cumplir con sus funciones por que a falta de instrumentos no se podrán suplir fácilmente, ello también significa la necesidad de otorgar la infraestructura correspondiente, pues las que hoy existen no son las apropiadas para ser eficaces y eficientes, es también necesario establecer que se requiere de capacitación permanente para la mejor utilización de los instrumentos y medios técnicos a fin de darle el verdadero uso y emplearlos de la mejor manera posible.
