- Declaró presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Reynaldo Cajamarca.
A nivel nacional existen 26 Unidades de Flagrancia, cuya dinámica de interoperabilidad permite sentenciar a los delincuentes en flagrancia en menos de 72 horas.
El último 20 de marzo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Reynaldo Elías Cajamarca Porras, junto a los titulares de los entes de justicia en la región Loreto, suscribieron un crucial acuerdo, que da inicio a la implementación del prometedor mecanismo.
En entrevista, el magistrado Cajamarca Porras ahondó en el funcionamiento de la unidad.
¿Cómo avanza la implementación de la Unidad de Flagrancia en Loreto?
Este mes, suscribimos un acuerdo crucial en el marco de haber establecido la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal: iniciar la implementación de la UF de Maynas. Participaron el jefe de la IV Macrorregión Policial de Loreto, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, el director de la Defensa Pública y quien habla.
El compromiso y la voluntad están garantizados. Ahora continúa el trámite ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que, en el plazo de uno o dos meses aproximadamente, dará el resultado.
Ya tenemos el inmueble y estamos acondicionando, lo que nos permitirá poner en marcha esta herramienta para enfrentar la inseguridad ciudadana y los delitos que ponen en zozobra a la colectividad.
¿Considera que la UF tendrá resultados?
Vea, solicitamos información estadística a la IV Macrorregión Policial de Loreto y las cifras son contundentes. En Loreto, un promedio de 7 mil personas son intervenidas por la policía en flagrancia delictiva. Los delitos más frecuentes son contra el patrimonio, robo y hurto; asimismo, conducción de vehículo en estado de ebriedad y violencia contra la mujer.
¿Cómo será el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia?
La UF concentrará en un solo inmueble a los entes de justicia.
Desde que una persona es intervenida en flagrancia, el proceso no debe demorar más de 72 horas. Por ejemplo, si alguien sustrae un celular, la Policía reunirá los elementos probatorios y lo pondrá a disposición del Ministerio Público, quien a su vez formalizará el proceso penal ante el Poder Judicial. En un plazo máximo de tres días, deberá resolverse la situación jurídica del procesado, dictándose sentencia.
Para ello, la Policía se encargará de la detención y custodia del intervenido, además de realizar diligencias preliminares con su laboratorio de criminalística. El Ministerio Público formulará la acusación y estará a cargo del departamento de medicina legal. Los defensores públicos brindarán asistencia legal tanto al intervenido como a la víctima si estos no cuentan con abogado particular. Finalmente, el Poder Judicial desarrollará el juzgamiento y la emisión de sentencia.
