- Abogado del IDL advierte que Petroperú y el MINEM incumplen la obligación de actualizar su estudio ambiental pese a los derrames registrados en el río Marañón
El deterioro del Oleoducto Norperuano vuelve a generar preocupación entre las comunidades amazónicas, que demandan una intervención inmediata para evitar nuevos derrames de petróleo en el río Marañón. La Federación de Mujeres Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, liderada por Mari Luz Canaquiri, presentó una demanda de amparo contra Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el SENACE, con el fin de exigir el mantenimiento y la actualización ambiental de esta infraestructura estratégica.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, quien asesora el proceso, explicó que la demanda busca obligar al Estado y a Petroperú a cumplir con su obligación de actualizar el instrumento de gestión ambiental del oleoducto, cuyo último estudio data de 1995. “Han pasado casi treinta años sin una evaluación ambiental completa, pese a los múltiples derrames que han contaminado el Marañón y afectado a decenas de comunidades”, señaló.
Ruiz advirtió que la falta de mantenimiento no solo pone en riesgo el ecosistema amazónico, sino también la seguridad de las poblaciones que dependen del río para su consumo y subsistencia. “El Oleoducto Norperuano no puede seguir operando en condiciones obsoletas. Es urgente una intervención integral que garantice su integridad y el derecho a un ambiente sano”, enfatizó.
El representante del IDL cuestionó además el argumento de Petroperú sobre la falta de presupuesto para la actualización del estudio y las labores de mantenimiento. “No es aceptable que una empresa estatal alegue falta de recursos cuando se trata de prevenir desastres ambientales. La verdadera causa es la falta de prioridad política en la Amazonía”, remarcó.
Asimismo, indicó que el nuevo instrumento ambiental debe incluir evaluaciones sociales, culturales y espirituales, tal como exige el Convenio 169 de la OIT y la sentencia que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos. “Los impactos de la actividad petrolera van más allá del suelo y el agua; afectan la vida espiritual y cultural de los pueblos originarios”, explicó.
Ruiz Molleda afirmó que la inacción estatal perpetúa el riesgo de nuevos derrames y deja en la impunidad la contaminación acumulada por décadas. “Solo por presión de las comunidades se realizan reparaciones parciales, pero no se soluciona el problema de fondo. El Estado tiene la obligación de garantizar un mantenimiento real y continuo del oleoducto”, manifestó.
Finalmente, el abogado expresó su confianza en que la Sala Civil de Loreto ratifique la sentencia que ordena el cumplimiento de estas obligaciones. “El mantenimiento del Oleoducto Norperuano no es una opción, es una necesidad urgente. Cuidar el Marañón es proteger la vida de miles de familias amazónicas y el futuro ambiental del país”, concluyó. (K. Rodriguez)
