- Exigen presencia efectiva del Estado para frenar la contaminación y atender demandas sociales históricas.
Desde hace 46 días, los pobladores de la cuenca del río Tigre, en la provincia de Loreto, mantienen bloqueado el tránsito fluvial a la altura de la comunidad nativa Libertad. La medida forma parte de una protesta prolongada contra la minería ilegal que opera en la zona mediante dragas, una actividad que, según los comuneros, viene contaminando las aguas y poniendo en riesgo la salud de cientos de familias indígenas asentadas en las riberas del río.
“Estamos haciendo control territorial del río Tigre porque el Estado no actúa. Llevamos más de 40 días impidiendo el paso de combustible, que es lo que alimenta las dragas”, señaló uno de los dirigentes comunales. Aseguró que las comunidades están asumiendo funciones que deberían corresponder a la Marina, la Policía o el Ejército, ante la inacción de las autoridades frente a una problemática que califican como ambiental y humanitaria.
Los comuneros recordaron que, tras más de cinco décadas de explotación petrolera, ahora enfrentan una nueva amenaza con la expansión de la minería ilegal. Denuncian que el uso de mercurio y otros metales pesados ha contaminado los ríos y quebradas, haciendo imposible el consumo de agua segura. “Nos están envenenando lentamente con el mercurio. Ya no podemos beber agua limpia, y eso vulnera nuestro derecho a la vida y la salud”, manifestó un poblador de la comunidad Libertad.
A pesar de las reuniones sostenidas con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Gobierno Regional de Loreto, las comunidades aseguran que no han recibido respuestas concretas. “Solo vienen a escuchar. Queremos soluciones, no discursos. No tenemos agua, ni salud, ni educación de calidad. Nuestra escuela tiene más de 100 años sin mejoras y la posta médica no funciona”, denunció un dirigente indígena, señalando que las promesas del Estado han quedado, una vez más, en el papel.
Otro punto de reclamo es la falta de transparencia en el manejo del fideicomiso indígena, fondo que, según los líderes locales, asciende a más de 200 millones de soles y que hasta hoy no muestra resultados visibles en favor de las comunidades. “No vemos obras, ni mejoras. Las municipalidades no invierten en el desarrollo de nuestros pueblos. Queremos auditorías y saber en qué se gasta ese dinero”, exigieron los representantes de las comunidades del bajo Tigre.
Mientras el Estado guarda silencio, los comuneros afirman que continuarán con su medida de fuerza hasta obtener una respuesta satisfactoria. “No levantaremos el control territorial hasta que se frene la minería ilegal y se atiendan nuestras demandas sociales”, advirtieron, subrayando que no buscan enfrentamientos, sino soluciones efectivas que garanticen la vida y el futuro de sus hijos. En paralelo, los líderes indígenas han solicitado el respaldo de instituciones religiosas y organizaciones civiles. Esperan un pronunciamiento del monseñor Ángel Cadenas, obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, y el acompañamiento de entidades que puedan interceder ante el Gobierno central. “Queremos que escuchen nuestro reclamo antes de que esta crisis se agrave”, concluyeron los comuneros del Tigre. (K. Rodriguez)
