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Comunidad educativa protesta en Iquitos y exige nuevo local para colegio Túpac Amaru

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  • Padres, docentes y alumnos advierten riesgo para estudiantes tras cierre de infraestructura por peligro de colapso

Padres de familia, docentes, personal administrativo y representantes del SUTE Loreto realizaron una protesta en la calle Túpac, en la ciudad de Iquitos, para exigir la construcción de una nueva infraestructura para la Institución Educativa N° 60793 Túpac Amaru, ante la crítica situación que enfrenta el plantel.
La medida de fuerza se produce luego de que el local de secundaria fuera declarado en emergencia y posteriormente clausurado, tras una evaluación de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas, que advirtió un alto riesgo de colapso en sus ambientes, poniendo en peligro la integridad de los estudiantes y del personal educativo.
Los manifestantes señalaron que la decisión de movilizarse fue tomada en una asamblea realizada la noche anterior, en la que acordaron salir a las calles para exigir respuestas concretas ante la falta de acciones por parte del Gobierno Regional de Loreto, entidad responsable de ejecutar proyectos de infraestructura educativa en la región.
Indicaron que el cierre del colegio ha generado incertidumbre entre los estudiantes, quienes actualmente no cuentan con espacios adecuados para continuar sus clases, afectando su normal desarrollo académico y generando retrasos en el calendario escolar.
Asimismo, advirtieron que esta problemática no es reciente, ya que desde hace varios años vienen alertando sobre el deterioro progresivo de la infraestructura, sin que hasta la fecha se haya concretado un proyecto integral de reconstrucción o mejoramiento del plantel.
Los padres de familia enfatizaron que no permitirán que la integridad de sus hijos se vea comprometida, señalando que el riesgo estructural es evidente y que las autoridades no pueden esperar a que ocurra una tragedia para recién actuar.
Durante la protesta, exigieron la intervención inmediata de las autoridades regionales, así como la elaboración y ejecución de un proyecto que garantice ambientes seguros, adecuados y dignos para el aprendizaje, con plazos definidos y transparencia en su desarrollo.
Finalmente, los dirigentes advirtieron que, de no obtener una respuesta oportuna, radicalizarán sus medidas de protesta, reiterando que la educación en condiciones seguras no es un privilegio, sino un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar.
(K. Rodriguez)

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