- Pobladores exigen agua segura, pagos pendientes y remediación tras derrame de petróleo ocurrido en 2025
La comunidad de Pijuayal, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, en la región Loreto, otorgó un plazo de 72 horas al Ejecutivo para atender sus demandas pendientes vinculadas al derrame de petróleo ocurrido en marzo de 2025. De no obtener respuesta, anunciaron que retomarán sus medidas de protesta, incluyendo el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua.
Según informaron los dirigentes comunales, el principal reclamo es el acceso a agua segura, ya que la población continúa expuesta a fuentes contaminadas. Asimismo, exigen el pago a los comuneros que participaron en las labores de limpieza tras el derrame, así como el retiro de residuos que, según denuncian, han sido almacenados cerca de los ríos y estarían generando una nueva contaminación.
La situación se torna más crítica con el inicio del año escolar, especialmente en la comunidad cercana de Santa Rosa, donde funciona un internado. Allí, estudiantes y pobladores enfrentan serias dificultades para acceder a agua potable, viéndose obligados a recorrer largas distancias para abastecerse, lo que afecta directamente su salud y condiciones de vida.
Los representantes de la comunidad recordaron que, días previos a las elecciones, accedieron a suspender sus protestas tras compromisos asumidos por el Estado para retomar el diálogo; sin embargo, aseguran que hasta la fecha no han recibido respuestas concretas, lo que ha incrementado el malestar en la población.
Además, denunciaron incumplimientos por parte de la empresa Petroperú, a la que responsabilizan por el derrame, señalando que no ha cumplido con el pago a los trabajadores locales ni con las acciones de remediación ambiental comprometidas.
La comunidad también cuestionó la ausencia de autoridades en la zona, indicando que la falta de presencia estatal agrava la situación y evidencia una débil respuesta frente a una emergencia ambiental que continúa afectando a las familias.
Ante este panorama, los pobladores advirtieron que retomarán el bloqueo de la vía como medida de presión, en busca de que sus demandas sean atendidas de manera urgente por el Gobierno.
Finalmente, los dirigentes recalcaron que su lucha no se limita a una compensación económica, sino que busca garantizar condiciones básicas de vida, como el acceso a agua limpia, salud y un ambiente seguro, tras un derrame que sigue dejando consecuencias en su territorio.
(K. Rodriguez)
