- Así opinó el congresista Edgar Ochoa Pezo, presidente de la comisión de vivienda, saneamiento y construcción del congreso del Perú.
- También se pronunció sobre el tema de reubicación de la zona baja de Belén a “Varillalito”.
Esto en referencia a que el gobierno central a través del ministerio de vivienda, sacó un decreto donde se daba pie a la designación de Operadores de Gestión en las EPS, lo que por muchos es considerado como un primer paso a la privatización de las empresas que brindan el servicio de agua potable.
“De principio hemos rechazado cualquier posibilidad que exista para privatizar los servicios de administración de agua para el consumo humano. Desde “Nuevo Perú”, nos hemos ratificado y hemos hecho una propuesta de cambio constitucional que ya está aprobada, en cuanto a que el agua para el consumo humano es un derecho constitucional y en ese sentido, el responsable es el Estado. No vamos a permitir y vamos a rechazar cualquier intento de privatización del sistema de agua potable.
Lo que ha hecho el ministerio de vivienda es sacar una disposición legal que permita incorporar al sistema de administración de las a las EPS, la tercerización de servicios hacia empresas privadas.
El ministerio de vivienda sostiene que no hay una intención de privatizar, sin embargo, la asociación de empresa de servicios de agua potable, sustenta que sí hay un interés de privatización del agua potable. Nosotros en la comisión de vivienda del congreso, hemos señalado y cerrado nuestra posición de no permitir ningún intento de privatización de los servicios de agua potable”, subrayó el congresista Edgar Ochoa.
De otro lado, también habló sobre el traslado de los pobladores de la zona baja de Belén al “Varillalito”.
“En la comisión de vivienda hay un dictamen de dos proyectos de ley que tiene en su naturaleza, suspender la implementación del proceso de reubicación del pueblo de Belén que está en zona de alto riesgo, hacia otra zona que es el “Varillalito”.
Este dictamen está puesto en agenda ante el pleno del congreso, el dictamen señala que debería suspenderse el proceso de reubicación.
Por ello hemos solicitado en el uso de nuestras facultades, que entremos a un cuarto intermedio para ver in situ cuáles son las condiciones reales, dado que el ejecutivo ha expresado su disconformidad con el proceso de reubicación.
Por ello hemos venido a Iquitos para ver directamente la realidad del tema. La idea es qué junto a la población involucrada, podamos presentar un nuevo texto que pueda favorecerla directamente. Esto se tiene que trabajar también con el alcalde de ese distrito”, concluyó el parlamentario.
