- La coordinadora de proyectos en Loreto, Carol Inga Correa, destacó la importancia del acompañamiento psicológico, la protección familiar y el acceso a la justicia para niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
En el marco del Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación, que se conmemora cada 18 de noviembre, la coordinadora de proyectos de CHS Alternativo en Loreto, Carol Inga Correa, advirtió que la protección de la infancia no debe limitarse a denunciar y sancionar a los responsables de estos delitos. Durante una entrevista con Radio La Voz de la Selva, sostuvo que también resulta fundamental garantizar la recuperación emocional de las víctimas mediante acompañamiento psicológico, protección familiar y acceso oportuno a los servicios del Estado.
La especialista explicó que el incremento de las denuncias no necesariamente representa un aspecto negativo, debido a que también puede reflejar una mayor confianza de las víctimas y sus familias en los mecanismos de protección. Sin embargo, expresó su preocupación por la persistencia de situaciones de violencia y explotación sexual contra menores de edad. Señaló que uno de los principales obstáculos continúa siendo la cultura del silencio, especialmente cuando los familiares prefieren ocultar los hechos por vergüenza, temor a la exposición pública o preocupación por las consecuencias de una denuncia.
Inga Correa indicó que las familias cumplen un papel determinante cuando un niño o adolescente revela haber sufrido algún tipo de abuso. Explicó que algunos padres experimentan dificultades para comprender lo sucedido debido al impacto emocional de la noticia, mientras que otros pueden optar por minimizar los hechos o impedir que sean denunciados. Advirtió que estas respuestas pueden profundizar el daño sufrido por las víctimas, por lo que consideró indispensable escucharlas, brindarles seguridad y evitar cualquier actitud que las responsabilice por la violencia experimentada.
Asimismo, destacó que el acceso a la justicia debe comprender tanto los procedimientos legales como la atención psicológica y los procesos de recuperación emocional. Recordó que existen instituciones como los Centros Emergencia Mujer, las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente y los servicios de defensa de víctimas del Ministerio de Justicia, que pueden intervenir según las características de cada caso. No obstante, señaló que todavía existen dificultades para garantizar un acompañamiento continuo, especialmente cuando los procesos judiciales se prolongan y las familias carecen de recursos para sostener la atención especializada.
La representante de CHS Alternativo también cuestionó las limitaciones existentes en los mecanismos de reparación para las víctimas de explotación sexual. Explicó que los procesos judiciales pueden extenderse durante varios años debido a investigaciones, sentencias y apelaciones, mientras que las reparaciones civiles ordenadas no siempre llegan a concretarse. Asimismo, advirtió que los planes de reintegración pueden quedar inconclusos, dejando a niños y adolescentes sin el acompañamiento necesario. En ese sentido, rechazó que los responsables pretendan resolver estos hechos mediante acuerdos económicos particulares que sustituyan los procedimientos de justicia.
Otro aspecto abordado fue la insuficiente presencia de profesionales de psicología en las instituciones educativas públicas de Loreto. Inga Correa señaló que, según su conocimiento, principalmente los colegios con jornada escolar completa cuentan con estos especialistas, mientras que otros establecimientos dependen del acompañamiento de docentes y responsables de tutoría. Consideró necesario fortalecer la preparación del personal educativo para identificar situaciones de riesgo, recibir adecuadamente las revelaciones de posibles víctimas y activar los mecanismos de protección correspondientes, evitando actuaciones que puedan generar una nueva afectación emocional.
En relación con las próximas autoridades regionales y municipales, la especialista pidió que la protección de la infancia se convierta en una prioridad de gestión y cuente con recursos presupuestales suficientes. Señaló que resulta urgente fortalecer los servicios psicológicos en las escuelas, especialmente en aquellas que albergan a miles de estudiantes. También consideró necesario escuchar directamente las opiniones de niños y adolescentes al momento de formular políticas públicas, debido a que sus necesidades y preocupaciones no siempre son tomadas en cuenta por quienes adoptan las decisiones.
Finalmente, Carol Inga Correa reiteró que la prevención de la violencia sexual requiere un compromiso conjunto entre las familias, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y las entidades del Estado. Destacó la importancia de enseñar desde edades tempranas el respeto por la integridad corporal, la identificación de situaciones de riesgo y la búsqueda de ayuda ante cualquier forma de abuso. Asimismo, insistió en que las víctimas necesitan ser escuchadas, protegidas y acompañadas durante su recuperación, recordando que la sanción de los responsables es fundamental, pero no reemplaza el proceso de sanación de quienes han sufrido violencia. (K. Rodriguez)





