- Abogado ambientalista cuestionó las modificaciones planteadas para las áreas naturales protegidas y advirtió que podrían facilitar actividades extractivas en espacios actualmente sujetos a protección estricta.
El abogado ambientalista César Ipenza expresó su preocupación ante los intentos de modificar las normas relacionadas con las áreas naturales protegidas del país. Durante una entrevista con Radio La Voz de la Selva, sostuvo que los cambios planteados mediante la delegación de facultades al Ejecutivo podrían significar un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados.
Ipenza señaló que desde hace varios años existen intereses orientados a permitir actividades de hidrocarburos dentro de determinados parques nacionales. Recordó que la legislación de áreas naturales protegidas establece restricciones para la extracción y aprovechamiento de recursos dentro de espacios de protección estricta, por lo que consideró preocupante que se busque modificar estas disposiciones para facilitar nuevas inversiones.
El especialista mencionó particularmente la discusión alrededor del Parque Nacional Bahuaja Sonene y el sector Candamo. Cuestionó además los argumentos sobre una eventual escasez de gas en los próximos años utilizados para sustentar la necesidad de explorar nuevas zonas y sostuvo que una política energética no debería implicar necesariamente reducir la protección existente sobre el patrimonio natural.
Asimismo, recordó que la Constitución establece obligaciones para el Estado respecto a la conservación de las áreas naturales protegidas. Ipenza cuestionó que estos territorios sean considerados espacios improductivos y destacó que proporcionan servicios ecosistémicos y recursos fundamentales para las poblaciones. Añadió que cualquier política considerada sostenible debe evaluar conjuntamente sus componentes económicos, sociales y ambientales.
Otro aspecto cuestionado por el abogado ambientalista está relacionado con posibles cambios en procedimientos administrativos ambientales, incluido el silencio administrativo positivo. Consideró que la delegación de facultades no debería convertirse en un mecanismo para incorporar modificaciones que no tengan carácter urgente y que puedan terminar debilitando las herramientas de protección y fiscalización ambiental existentes.
Ipenza también relacionó esta discusión con la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Señaló que existen presiones sobre territorios amazónicos debido a los recursos naturales que albergan y cuestionó los planteamientos que presentan las reservas indígenas y áreas protegidas como impedimentos para el desarrollo de Loreto y otras regiones amazónicas.
Durante la entrevista, el especialista abordó además el avance de la minería ilegal y el abastecimiento de combustible hacia zonas alejadas de Loreto. Consideró necesario que el Estado determine cómo grandes cantidades de hidrocarburos consiguen llegar hasta lugares donde operan actividades ilícitas, pero precisó que los mecanismos de control deben diferenciar estos casos del combustible utilizado legítimamente por comunidades indígenas para servicios esenciales, como el funcionamiento de plantas de tratamiento de agua.
Finalmente, Ipenza advirtió que la falta de control estatal permite que la minería ilegal continúe consolidándose y expandiéndose en las cuencas amazónicas. Sostuvo que esta situación termina afectando fuentes de agua y ecosistemas fundamentales para la población, por lo que planteó fortalecer la fiscalización sobre las actividades ilegales y su cadena logística sin reducir los niveles de protección de las áreas naturales protegidas ni perjudicar las actividades legítimas de las comunidades. (K. Rodriguez)
