Cesantes y docentes activos demandan pago de deuda social

– Derechos que por Ley les corresponde no les son entregados
– Un problema a nivel regional y nacional en cuanto al Estado que no cumple con ellos.
«Tienen que ayudarnos porque mi casa está que se cae a pedazos y no tengo cómo mandarla a arreglar porque no tengo plata», expresó en tono alto una digna maestra cuyos principales años los entregó con dedicación y amor a formar a las futuras generaciones de loretanos. Sin embargo, forma parte de aquel grupo de maestros que el gobierno quiere invisibilizar para no pagarles la plata por derechos adquiridos mediante Ley.
A la fecha se conoce que el Estado les debe a todos los docentes por concepto de deuda social unos 25 mil millones de soles, mientras que una cifra de 40 millones de soles les adeuda a los profesionales de la educación en Loreto. Hace tiempo el Consejo Regional aprobó una iniciativa legislativa para que el Congreso apruebe un mecanismo de pago a los docentes de Loreto, pero al igual que otras iniciativas, ha quedado «dormida» en el parlamento.
Ayer el consejero regional José Quispe, prometió al grupo humano que dialogó con él y otros consejeros, así como gerentes regionales; que viajará la próxima semana para in situ ver en qué estado se encuentra la mencionada iniciativa regional. «Es penoso ver que ellos casi estén mendigando su derechos que les asiste de acuerdo a Ley y amparo de la Constitución. Acá en el mes de febrero se aprobó una iniciativa legislativa para generar una disposición complementaria por Decreto de Urgencia para ir avanzando en el pago de esos temas, pero no se nos ha informado a la vez en qué nivel está en el Congreso.
Estamos en un periodo crucial donde se tiene que incidir hasta el mes de octubre para que esto pueda ser plasmado en la Ley Presupuestal del 2015, de lo contrario no va haber el dinero. Iré al Congreso ante la Comisión del Presupuesto General de la República para ver qué mecanismos se pueden agilizar para que se beneficie a los docentes que por Ley les corresponde cobrar por derechos adquiridos constitucionalmente», concluyó Quispe.