La historia de siempre se repite. Desde hace varios años que ya perdimos la cuenta exacta, las organizaciones indígenas vienen exigiendo una lista de derechos fundamentales amparados en la ley peruana y las normativas internacionales.
Durante todo este tiempo, por lo menos unos seis años hemos sido oyentes de las conversaciones entre los representantes del Estado (gobernantes de turno) y los líderes, técnicos y cooperantes de las agrupaciones de los distintos pueblos amazónicos de Loreto y las diversas cuencas.
Por desacuerdos entre los mismos líderes, se partieron en Cuatro y Cinco Cuencas. Ambas agrupaciones con sus respectivas federaciones han estado conversando, trabajando propuestas, ejecutando algunas, con el gobierno nacional y sus ministerios.
Pero, como dicen ellos mismos, el avance es muy lento, y los propios presidentes de la Presidencia del Consejo de Ministros que han estado en los últimos años, lo han reconocido. Y en cada reunión han asumido el compromiso de que la historia no se debe repetir.
Pero, una vez más se puede comprobar que las conversaciones llegan a un punto en la que se enfrían, justo en el punto de dar pasos concretos al cumplimiento de los acuerdos firmados en más de cuatro actas de compromiso con la PCM, se utilizan estrategias que truncan. Actualmente no estaría considerando los aportes de las Cinco Cuencas y esto como es natural ha ocasionado la molestia de los representantes de las federaciones indígenas.
Tal es así que en un pronunciamiento las Cinco Cuencas han expresado que se retiran momentáneamente de la elaboración del diagnóstico de cierre de brechas con la PCM y denuncian que no hay condiciones mínimas para que su equipo técnico participe.
Los líderes han querido dejar sentado que tienen mucha paciencia, que siguen tolerando la conducta abusiva del poder político de los gobiernos de turno, que impiden una solución integral y donde las prioridades lo pauteen los pueblos, porque saben cuáles son sus necesidades más urgentes.
En este contexto, las organizaciones están pidiendo desde la Defensoría del Pueblo que eso se revierta, y que los equipos técnicos de los pueblos indígenas participen porque son quienes llevan el mensaje y mandato de los habitantes de los pueblos afectados por la actividad petrolera, y que no se decida desde fríos escritorios una realidad que no conocen, ni menos la sienten, la viven. Las próximas horas y días son decisivas para resolver este álgido problema.
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