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Carta abierta a la Comisión Agraria

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-Sobre texto actual de Ley Forestal 4141

Por: Hno. Paul McAuley -Red Ambiental Loretana

Iquitos.

Obviamente existen  unas buenas intenciones tras la nueva legislación: Ordenar mejor la situación forestal, cumplir con acuerdos internacionales, abrir oportunidades para nuevos mercados. No dudamos que la costa y sierra serán beneficiadas por ciertos nuevos artículos. Pero nuestra selva es tan especial, tan diferente y no sentimos que este texto lo toma suficientemente en cuenta.

Acá, por motivos múltiples, un ecosistema está en peligro. Y el texto propuesta no responde a ese peligro y a las exigencias de cambios radicales.

Hay un estilo de vida de las comunidades rurales e indígenas bajo amenaza, sin manejo real de los territorios que necesitan para su supervivencia. Y el texto propuesta no ofrece ninguna garantía de mayor acceso al bosque, sino aumenta las amenazas contra las comunidades y su ambiente.

Vivimos en una región de extrema pobreza, resultado sobre todo de  la gran brecha entre unos pocos que manejan los recursos y la mayoría que son, o espectadores o peones. Y la propuesta ley no ofrece ninguna salida para empoderar o facilitar mayor manejo del bosque a los pobres.

Sinceramente creemos que la misma naturaleza se da cuenta del momento crítico y sabrá resistir esta nueva amenaza. Creemos que habrá, desde el ecosistema amazónico, una resistencia genética.

Y tememos que, desde las comunidades rurales e indígenas, habrá una resistencia social. Es por esperar que no sea así, pero la misma ley de la naturaleza, buscando su propia supervivencia, impone sus límites de tolerancia.

Ciertos artículos de la propuesta ley – por ejemplo, dando prioridad a los poderes económicos en subastas de enormes extensiones de tierras, son una forma real de violencia. Representan una profundización de la injusticia social. Y eso no puede traer vida y sostenibilidad.

Loreto está llegando a un punto crítico para su supervivencia  como un ecosistema sostenible. Pedimos que la nueva ley forestal y de fauna silvestre no provoque a ese ecosistema frágil, y que no provoque al tejido socio-económico débil de las comunidades.

Somos todos responsables de nuestra preservación como especies, bajo penalidad de extinción.

Quisiéramos ver en una nueva ley forestal una OPORTUNIDAD para re-equilibrar el actual desequilibrio. Re-establecer a la cobertura forestal, a la repoblación de especies de fauna. Ofrecer a las comunidades rurales (pobres y abandonados actualmente) extensiones de territorios que les permitirían -trabajando en conjunto- tener ingresos decentes y justos que podrían producir un desarrollo local real.

Todo esto sería posterior a una política de capacitación de las comunidades y Municipios. Posterior a la preparación de una política de volver el manejo de los bosques a las comunidades locales, a municipios, a las comunidades indígenas  (no sólo con un título de su pueblo, sino con control de sus territorios a donde tradicionalmente han tenido acceso).

Creemos en las orientaciones de la enseñanza de la Iglesia Latinoamericana: «Queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos  que arrasan irracionalmente  las fuentes de vida en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad.» (Aparecida 471)

«En todo este proceso tiene una enorme responsabilidad el actual modelo económico que privilegia el desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y los pueblos y del respeto racional de la naturaleza.»  (Aparecida 473)

Entendemos que las leyes reflejan otros paradigmas y enfoques: sobre todo económicos. La ley puede mantener un status quo o promover cambios necesarios. Al final, la ley es instrumento, no fin.

Queremos creer que una nueva ley forestal aportaría a una nueva realidad -a un cambio- y no a la garantía de antiguas injusticas sociales.

La nueva ley decidirá el futuro biológico y social de nuestra Amazonía.

Una nueva ley  -en este contexto- no es un asunto técnico, sino ético. Falta mucho más debate y participación real de todas las comunidades afectadas.

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