- Juan Carlos Ruíz, abogado del Instituto de Defensa Legal
- Explica que afectan acuerdos al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta.
Todo un revuelo viene generando el anuncio realizado por el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la de interconectar la carretera Yurimaguas-Balsapuerto-Moyobamba, lo cual ha despertado el rechazo y la preocupación de la población indígena de nuestra región, así como de la región San Martín.
Muchos se sienten amenazados por la destrucción a los bosques que generaría la intervención, y porque a decir de ellos “afectaría directamente la existencia física, identidad cultural, calidad de vida; y seguridad jurídica de los territorios indígenas”, advirtieron los dirigentes de las etnias kichwas, shawis y awajun, organizados a través de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM).
Frente a esta situación, el abogado Juan Carlos Ruíz Molleda, especialista en derechos de los pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), precisó que “La construcción de la carretera Yurimaguas-Balsapuerto-Moyobamba, debe ser consultada con las comunidades nativas afectadas de acuerdo al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, y la Ley de Consulta aprobada a través de la Ley N° 29785, como muy bien lo están exigiendo los directivos de la CODEPISAM”.
Precisamente, el presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam), Jaime Tapullima Pashanase, dijo que en los próximos días sostendrán una reunión “para tomar medidas frente a este anuncio”, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y el alcalde de Moyobamba, Oswaldo Jiménez. La autoridad edil del Alto Mayo, anunció hace unos días que sostendría una reunión con las autoridades de Alto Amazonas, para coordinar acciones conjuntas e iniciar labores para gestionar el proyecto de construcción de la carretera Yurimaguas-Moyobamba.
Por su parte, el presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), Marco Antonio Cachay Sangama, también advirtió que el impacto sería “devastador sobre los recursos naturales” y que “necesariamente tendría que pasar por un proceso de consulta previa a fin de conocer los impactos que este proyecto pueda generar en los territorios ancestrales y garantizar los derechos de los pueblos de la zona respetando sus valores, costumbres y perspectivas”. (MIPR)
