Barriles fiscalizados

El enfrentamiento en el Puinahua tiene nombre propio y se llama: Fondo Social para el Desarrollo del Puinahua. Se trata de un programa que se originó para promover el desarrollo de los pueblos que conforman este distrito. Parecía una gran idea que ayudaría a un clima de paz social en el marco de la actividad petrolera de la empresa PetroTal.
Pero, no, salieron a ponerse frente a frente una agrupación que señala representar a la población indígena (Aidecobap) y otro grupo (Junta de Autoridades) que asume la representatividad de la sociedad mestiza. Ambos pugnan por administrar los fondos que provendría del 2.5% de barriles fiscalizados. A quién corresponde la administración es el punto discordante.
Haber, cómo se han dado los hechos. Este beneficio sale como parte de las conversaciones y acuerdos de la asociación indígena mencionada y la empresa petrolera. Por lo que Aidecobap considera que son ellos los que tengan que administrarlo. Pero, tanto los de la Junta como los de Aidecobap se tienen desconfianza mutua.
Como el fondo es en nombre del pueblo estos tienen que ingresar por la vía formal del Estado, en este caso a través de la Municipalidad Distrital del Puinahua, puesto que las obras que se tienen que realizar con esos fondos económicos corresponden a la función edil, que representa oficialmente a la población distrital.
La asociación indígena apela a que son ellos quienes consiguieron ese fondo a través de sus demandas y diálogo con la petrolera. Es como si el Frente Patriótico de Loreto que consiguió con sus luchas el canon petrolero hubiera exigido al Estado que deposite el dinero al frente para que ellos lo administren. O que un sindicato que gana un beneficio le exige al Estado que depositen en la cuenta sindical. Total desnaturalización de la organización de un Estado que lamentablemente Aidecobap no quiere aceptar.
Una figura similar ocurrió con la lucha de las cinco cuencas cuando solicitaban fondos para obras en bien de las comunidades afectadas por la actividad petrolera, estos de hecho tenían que llegar a través del gobierno regional y de las municipalidades provinciales y distritales. Como viene sucediendo. Obviamente que el seguimiento y la supervisión a las obras es un derecho ciudadano que como organización también lo pueden realizar.
Se muestra claro el entrampamiento en las negociaciones para que termine la protesta. Si bien es cierto la corrupción generalizada en las instancias del Estado han generado mucha desconfianza, se pueden crear mecanismos de control en la administración del dinero. Y juntos, aunque no revueltos, encaminen el desarrollo del distrito del Puinahua.
Sin un acuerdo pacífico en base a las coincidencias que tengan ambos frentes, seguirán postergándose las obras en la jurisdicción teniendo en cuenta que hace más de un mes están paralizadas las actividades de la empresa petrolera y el bloqueo por tierra y por río, perjudica a todos. Es momento de un acuerdo definitivo, porque el tema no da para más.