- Espacios multisectoriales permiten coordinar medidas para garantizar la seguridad.
La Defensoría del Pueblo recordó que los gobernadores y alcaldes, que recientemente han iniciado sus gestiones, tienen la obligación de convocar e instalar los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, respectivamente; dentro de los diez primeros días hábiles de haber asumido sus funciones, conforme lo establece el reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC).
Como se sabe, la mayoría de estas autoridades electas juramentaron el 3 de enero del año en curso. En este sentido, la instalación y juramentación de los integrantes de los referidos comités de seguridad ciudadana deberán realizarse a más tardar hasta el lunes 16.
De acuerdo a la citada normatividad, los comités de seguridad ciudadana constituyen instancias conformadas por representantes de organizaciones públicas y privadas con el fin de diseñar y ejecutar políticas públicas, planes y acciones para contrarrestar la criminalidad.
“La ola de hechos delictivos en sus distintas modalidades no se detiene, lo que afecta la paz y la tranquilidad social y vulnera los derechos de las personas. Medidas extremas, como la declaración del estado de emergencia en distintas zonas del país, no trajeron los resultados esperados por la ciudadanía, según las encuestas de victimización y percepción; situación que fue advertida oportunamente por la Defensoría del Pueblo”, precisó la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
En ese sentido, la titular de la institución indicó que es esencial que tanto gobernadores regionales, como alcaldes provinciales y distritales -en su condición de presidentes de estos órganos colegiados- asuman con prontitud el liderazgo, compromiso y responsabilidad que amerita la atención de esta problemática en sus jurisdicciones, impulsando estrategias eficaces.
Asimismo, indicó que el resguardo de la seguridad ciudadana es una de las funciones más importantes asignadas al Estado en su conjunto, por lo que se recalcó sobre el rol esencial que en estos momentos les tocaría asumir al respecto a los gobiernos regionales y locales, considerando el actual contexto de protesta social que vive el país, lo que ha dado lugar a que un gran número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentre desplegado en varios puntos del territorio nacional.
Ante ello, se señaló que es importante la labor de apoyo a la PNP que puedan realizar estos gobiernos subnacionales para salvaguardar la seguridad de sus vecinas/os, dentro del marco de sus competencias; como es, involucrando a la sociedad civil organizada en actividades de carácter preventivo; a través del patrullaje y el servicio del serenazgo (con un perfil idóneo y debidamente capacitado, y con el equipamiento necesario para el cumplimiento de sus funciones), así como mediante la instalación y operatividad de sus cámaras de videovigilancia, a efectos de contribuir con la prevención e investigación de hechos ilícitos y la identificación e individualización de presuntos autores de ilícitos, entre otras medidas.
De otro lado, se precisó que las propuestas de los planes de acción de los comités de seguridad ciudadana para el 2023, debieron ser presentadas para su aprobación el año pasado a sus correspondientes instancias superiores dentro del propio SINASEC. Por lo que se anunció que la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante para el cumplimiento de estas y otras obligaciones que exige nuestro actual marco legal para mitigar el avance de la delincuencia.
(K. Rodriguez)
