- Asesor de las organizaciones indígenas del circuito petrolero, José Fachín.
- El restante 85 % carece del líquido elemento y usa aguas contaminadas con crudo, lo que empeoró con la actual fuerte sequía.
- Federaciones están solicitando una reunión urgente con el presidente del directorio del Fideicomiso Indígena, por tema del apalancamiento y priorización de proyectos.
El tema del agua potable, saneamiento y tratamiento de las aguas servidas va más allá de la zona urbana y es una urgencia para las poblaciones rurales e indígenas que han sido afectadas por contaminación a causa de derrame de petróleo en nuestra región Loreto.
El asesor de las federaciones indígenas del circuito petrolero, José Fachín, recordó que en el Plan de Cierre de brechas una prioridad es el agua, saneamiento y tratamiento teniendo en cuenta también las experiencias ancestrales. “La exigencia de los pueblos empezó en el año 2010, y se declaró en emergencia sanitaria y ambiental las cuencas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón, por la situación alarmante”, señala el también dirigente originario del Pastaza.
Entonces, el Estado instaló un plan de emergencia y se implementó 60 plantas potabilizadoras de manera provisional, con un sistema que depuran metales pesados. Hasta que el mismo Estado pueda implementar un proyecto estable y sostenible para todas las comunidades afectadas. Pero no fue así y han pasado diez años.
Hasta ese tiempo se destinó para agua temporal unos 150 millones de soles. “No hay un estudio oficial, pero se calcula que del 100 %, hay solo una implementación quizás hasta el 15%, después de tantos años de demandas. Si bien el Estado puso presupuesto, pero han sido orientados a proyectos que no han dado resultado”, precisa José Fachín.
“Casi ninguna de las plantas instaladas, funcionan, y están obsoletas, pese a que se ha recomendado al Estado que esas plantas hay que reevaluarlas, analizarlas, si es adecuado o no. Pero el Estado ha diagnosticado mal y vienen a imponer una tecnología en la Amazonía que no funciona”, agregó el asesor indígena.
Sustentó que, con toda esa experiencia y errores frente a la implementación de agua en el marco del Plan de Cierre de Brechas, que avala el Decreto Supremo 205-2020-PCM, han podido diagnosticar y hacer que el Estado pueda corresponder un presupuesto significativo para todo el circuito petrolero, dando lugar a un presupuesto de 3,500 millones de soles.
Este presupuesto se enmarca en el Fideicomiso Indígena que hoy en día está en manos de las municipalidades provinciales y distritales. Han esperado dos años para establecer coordinaciones, pero las instituciones ediles están haciendo caso omiso.
“El propósito fue que al 2025 al menos se pueda superar en un 50 % el agua y saneamiento para todo el circuito petrolero, con el presupuesto del Fideicomiso. Es el único punto que se ha diagnosticado bien, por tema del Estado que no quiso diagnosticar bien los costos de otros asuntos de agenda, para no poner presupuesto”, complementó Fachín.
CONVERSACIONES DE FEDERACIONES INDÍGENAS CON ALCALDES
Indicó que no hay conversaciones por ahora con las municipalidades, y que estas se fueron por su lado por el tema que no les fiscalicen, así como han hecho caso omiso a todo lo que venían trabajando. “Hace un mes se conversó con el presidente del directorio del Fideicomiso que es el alcalde Wellington Silvano, le están solicitando una reunión con carácter de urgencia para el 10 de octubre, con su equipo técnico. Estarán viniendo casi todas las federaciones del circuito petrolero, para sostener una reunión en la ciudad de Iquitos y analizar la implementación del Fideicomiso toda vez que están intentando hacer un apalancamiento y no sabemos si dentro de ello están los proyectos priorizados de acuerdo al plan que surge de la exigencia de los pueblos”.
Las federaciones indígenas también consideran que deben participar dentro del Fideicomiso, para exigir transparencia. “La idea es que sean parte de la cogestión del Fideicomiso porque estamos hablando de planes y proyectos que tienen que estar conforme a la Constitución y al Convenio 169. Es decir, la participación efectiva de los pueblos dentro de este proceso de construcción de implementación de sus derechos”.
José Fachín, acentuó: “No se puede permitir que importante presupuesto después que tanto ha costado a los pueblos, lucha, muertes, juicios, persecución penal y política a los dirigentes, asesores, y que los alcaldes hoy fácilmente quieren hacer uso y abuso de ese presupuesto, entre comillas, mencionando que esos presupuestos van para los pueblos”.
Manifestó que tienen información de casi todas las federaciones que los alcaldes excluyen o los marginan. “Se busca que el Estado respete la institucionalidad indígena, en principio a las federaciones y sus comunidades, que todo proyecto tiene que ser priorizado de acuerdo a la visión, y también cumpliendo los objetivos del Plan de Cierre de Brechas. “Si bien es cierto se requiere pistas, losas deportivas, pero hay que priorizar cuál es la urgencia. Estamos hablando de zonas muy impactadas y poblaciones de extrema pobreza. Lo que queremos es mejorar”.
(Diana López Meléndez)
