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Alcalde, gerente general, funcionarios y regidores de la Municipalidad de Maynas por presunto peculado

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-Ministerio Público denunció penalmente a:

-Denuncia fue interpuesta ante el Poder Judicial por la 4ta. Fiscalía Provincial Mixta de Maynas.

-Por otorgamiento de bonos por productividad para movilidad y refrigerio, dejando de lado la Ley de Presupuesto Público que prohíbe reajustes o incremento de remuneraciones, bonificaciones y beneficios de toda índole .

-Dichas medidas deben ser acatadas por todos los pliegos presupuestarios del sector público.

Una denuncia seria es la que la 4ta. Fiscalía a cargo de la doctora Mery Aliaga Rezza, ha interpuesto ante el poder judicial de Loreto, la misma que involucra al alcalde Salomón Abensur y al gerente general Rafael Saavedra, por presunto peculado y abuso de autoridad. Así también contra funcionarios de tesorería como Juliana Mathews y Wilmer Pinedo por omisión de actos funcionales, al igual que los regidores: Doris Alván, José Tafur, Jorge Panduro, Milagros Vásquez, Otilia Collantes, Golda Barba, Julio Arévalo y Carlos Zegarra, por omisión, rehusamiento de actos funcionales y omisión de denuncia.

Muchos funcionarios y regidores, empezando por el alcalde de Maynas, tendrán que acudir al poder judicial a aclarar su situación legal.
Muchos funcionarios y regidores, empezando por el alcalde de Maynas, tendrán que acudir al poder judicial a aclarar su situación legal.

Pese a las prohibiciones de la Ley de Presupuesto Público de hace varios años, incluyendo el 2010, el alcalde de Maynas mediante resolución 069-aprobó la directiva 003 denominado «Directiva para el otorgamiento de bonos de productividad» en la Municipalidad de Maynas por concepto de movilidad y refrigerio para compensar a algunos trabajadores municipales.

Pagos por varios miles que se dieron apenas ingresó el nuevo alcalde Abensur Díaz. Determinación que incluso no fue sometida previamente a aprobación del Concejo Municipal; por lo que los denunciados habrían ejecutado dichas resoluciones sin tener el valor jurídico correspondiente, hecho que configura los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad. Al gerente se le implica por no haber denunciado el hecho, además por haberse beneficiado con 8 mil nuevos soles de productividad.

En otro de los puntos de la denuncia, el Ministerio Público señala que el alcalde (por esos conceptos) dispuso reconocer el pago por 173 mil soles habiéndose girado 2 cheques, conforme lo indica el comprobante 1168 que contiene el cheque: 00000648 a la orden del banco Continental por 132, 650 soles. En la misma fecha; se giró el cheque 649 por el importe de 40 mil 350 nuevos soles, a nombre de Óscar Arbildo Purizaga, monto cobrado con el comprabante 1169- el mismo que NO HABRÍA SIDO, destinado para dicho fin de pagos de productividad.

Mientras que los ex tesoreros, no habrían cumplido con depositar en los años 2007-2008- parte del dinero recaudado por concepto de racionamiento y movilidad local como incentivo de productividad, en la cuenta correspondiente de la entidad financiera, sino que habrían depositado a nombre de personas naturales.

SOBRE LOS REGIDORES…

En cuanto a ellos el Ministerio Público los acusa, porque cuando el ex regidor Homero Llerena, en sesión ordinaria de consejo 19-03-2009- solicita se conforme una comisión especial a fin que se investigue si existen actos antijurídicos con relación al pago de racionamiento y/o movilidad local como incentivo a la productividad otorgada a los funcionarios y servidores municipales, así como los «apoyos» y «aportes» otorgados indebidamente al titular del pliego Salomón Abensur, la petición fue sujeta a un cuarto de intermedio a solicitud del denunciado alcalde, siendo que los referidos regidores denunciados votaron luego en contra de llevar a cabo la investigación, como figura en el Acuerdo de Concejo 037. A los fiscalizadores de la Municipalidad -elegidos por el pueblo para esa tarea- no les interesó investigar a profundidad el tema.

Según descargos, el gerente general Rafael Saavedra, ha dicho que su pago contaba con la partida presupuestaria autorizada por el SIAF y que los incentivos se entregaban íntegramente a los beneficiarios.

Igualmente los beneficiarios -en su mayoría- afirman que en ningún momento les efectuaron descuentos del bono de productividad. La Fiscalía concluye solicitando al poder judicial que cumpla con emitir el Auto Apertorio de instrucción dentro del término establecido en el Art. 77 del C. de P.P. a fin de evitar retardo en la Administración Pública. Reservándose el derecho de ampliar la presente denuncia, si de la investigación a nivel judicial se obtienen indicios razonables de la participación de otras personas involucradas.

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1 COMENTARIO

  1. Que el poder judicial investigue a fondo estos hechos bochornosos y de encontrar culpables que sean castigados ejemplarmente. Los fondos publicos deben favorecer a la comunidad, especialmente cuando vivimos en medio de tanta necesidad. Mucho ojo al elegir nuestros gobernantes.

Los comentarios están cerrados.