- Próxima reunión será el 28 de octubre de 2019
La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto se reunió con representantes del Gobierno Regional de Loreto, municipios locales, Policía Nacional del Perú, Unidad de Protección Especial de Loreto-UPE, Defensoría del Pueblo, DIRESA, Albergues y sociedad civil; para visibilizar la realidad en la que se encuentran los albergues a mérito de los operativos realizados por esta institución y alertar sobre los presuntos delitos de violación sexual que se habrían cometido en algunos de ellos (los que están siendo exhaustivamente investigados); todo ello con la finalidad de generar compromisos por parte de las instituciones y la sociedad civil.
Esta primera reunión de diálogo a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran residiendo en diferentes albergues de Loreto, se realizó en el auditorio del Ministerio Público; la Mg. Elma Vergara, representante de esta institución, hizo un llamado directo a las autoridades del GORE Loreto para la construcción de albergues, en mérito a esta realidad; asimismo, a los gobiernos locales para que, conforme a la ley, acrediten a las DEMUNAS a su cargo.
Se necesita la urgente construcción de albergues en nuestra región, finalizó la magistrada Vergara Cabrera, haciendo hincapié en los compromisos realizados por cada institución, esto es, el seguimiento de los casos de cada niño albergado y la resolución de los mismos, compromiso asumido por los directores de los Centros de Acogida Residencial, Colegio de Abogados (como parte de su labor social), Ministerio Público y Poder Judicial, conforme a sus competencias.
Se van a generar reuniones entre el gobernador de Loreto, directores de los CAR, representante de la UPE y otros, a fin de evaluar las necesidades existentes expuestas, y las alternativas de solución.
Finalmente, se hizo un llamado a la ministra de la Mujer, para dar cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1297 y su Reglamento, el mismo que le da funciones específicas respecto a la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos; la misma que señala, como parte sus obligaciones, la supervisión de los centros de acogida residencial.
