Estamos sorprendidos por la versión dada por varios apus de comunidades asentadas a orillas de los ríos Curaray y Arabela, quienes señalan que Aidesep, nada más y nada menos, que la histórica institución que defiende intereses de poblaciones indígenas, esté acusada de mentir para “beneficiarse” con la creación de una reserva en la zona del Napo-Tigre.
Reclaman los pobladores de 14 comunidades que nunca se realizó una consulta previa para proceder legalmente. Explican que se verán perjudicados si declaran zona intangible porque no podrán pescar, sacar trozas de madera o que exploten el petróleo. Y se preguntan ¿nosotros de qué sobreviviríamos?
Comentaron en su denuncia pública por diversos medios de difusión que si se hubiera realizado la consulta previa hubieran evaluado los beneficios que podría traer una reserva. “Ellos hablan de captación de carbono para obtener millones”, todo a espaldas de los habitantes que han nacido y viven por años allá, a quienes perjudicarían negándoles realicen sus actividades económicas en el bosque.
Y nos resulta increíble que esto esté sucediendo. Según los denunciantes, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto se ha canalizado está denuncia y han conversado vía teléfono con una representante del Ministerio de Cultura, para exigir que se anule este trámite de Aidesep. Este pedido ha sido aceptado y los denunciantes esperan se anule el trámite de Reserva.
Otro elemento dado por los pobladores venidos desde la zona de los ríos Curaray y Arabela, es que esta entidad habría presentado informes sobre los territorios, pero que ellos aseguran que no les vieron por el lugar y se han dado con la sorpresa de la existencia del trámite de la Reserva Napo- Tigre cuando realizaban gestiones para titulación y ampliación de titulación de lo que consideran sus tierras ancestrales, aunque también hay colonos.
Este caso llama la atención y es ya el momento que se busque una regulación de la creación de zonas de reserva que debieran solo pertenecer al Estado a través de los niveles de gobierno que existen, porque se percibe una ambición de entidades privadas como de ONG de capturar o invadir “legalmente” territorios amazónicos con el pretexto de la conservación, pero en realidad sería que han olfateado el abanico de grandes posibilidades de negocios ambientales que está presentándose en el mundo, para lo cual existe millonarios fondos.
Resulta indignante que el Estado no sea capaz de buscar mecanismos de beneficiar a los pueblos, a los diferentes niveles de gobiernos y a las arcas públicas con la economía verde, y prefiere favorecer a grupos oportunistas que ningunean a los pueblos. Inclusive usan el argumento de proteger a “no contactados” (pueblos en aislamiento voluntario), ignorando a los contactados, a los visibles.
Si bien es cierto estamos en contra de la tala ilegal de madera, de la extracción indiscriminada de nuestros recursos del bosque y de la explotación irresponsable de hidrocarburos (todo esto también se debe regular con mano firme), no podemos ser indolentes con el drama de no ser considerados, como les ocurre a estos habitantes de una zona del Curaray y Arabela. Se espera participación oportuna de los congresistas por Loreto.
¿Aidesep con trampas?
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