Causa inquietud y también nos lleva a la reflexión la búsqueda de justicia de los casos que se denuncian sobre diversas formas de atentar con la libertad sexual de una persona. Todo bien. Pero la cosa se pone repulsiva cuando una prueba de presunto acoso se convierte en “arma” para el chantaje.
Es un caso de otros que se va tomando conocimiento, como lo que es en estos días motivo de debate, respecto a la denuncia de una egresada de la Universidad de la Amazonía que decidió denunciar el acoso sexual que habría ejercido un docente para aprobarla en el curso que dictaba.
Este es un caso que muestra cómo se viene usando estos hechos para sacar provecho. Estamos en una situación donde el delito se inicia por un presunto agresor y sigue por una presunta chantajista, con el agravante de actuar en banda, con cómplices.
Es importante remarcar con letras rojas y subrayado, que la consecuencia de un acto delictivo por otro, no invalida la primera acción de delito y menos es negociable. O sea denunciamos un acto contra la libertad sexual y porque me vas a pagar una suma que exigimos, se retira la denuncia o algo por el estilo.
Pero, de confirmarse en la vía jurídica el acoso sexual a la egresada universitaria y a su vez el chantaje que ejercía con un grupo contra el docente para exigirle dinero a cambio de no denunciar y mostrar la prueba (vídeo), se configura el delito en las dos partes.
Este no sería el único caso de la utilización del hecho criminal sexual para exigir y sacar ventaja al agresor sea con algún estipendio de momento o permanente. Ojo que no nos estamos refiriendo al tipo de reparación civil que se puede dar por la vía formal de la justicia.
Ello de me das o nos das lo que pedimos por el silencio, es una vieja práctica y se aplica también en los tipos de delitos sexuales extra judicialmente, vale decir, entre las partes involucradas. Por lo que no deja de ser preocupante de tratarse de víctimas menores de edad, vulnerables, y a despensa de acuerdos de adultos sin tener en cuenta la recuperación física y psicológica.
Que este caso de la egresada universitaria nos sirva para seguir en el análisis y la reflexión, sobre todo pensando en que personas adultas podrían actuar con acuerdos subalternos al interés superior de los niños, niñas y adolescentes; en caso sean víctimas de violencia sexual, y se ponga en un segundo plano su derecho a la justicia y, reiteramos, la recuperación al daño sufrido. Esto merece ser permanentemente evaluado para la correcta administración de justicia.
Acoso como “arma”
