Acosadores en aula

¿Qué hacer? Es la primera frase que se nos viene a la mente cuando nos enteramos de la declaración de la fiscal de Prevención del Delito, abogada Leslie Díaz Guerra, en relación a que más de 30 docentes denunciados por presuntos abusos sexuales, siguen en aula.
Esto nos muestra que la corrupción está en todas las esferas del aparato estatal en nuestro país y en este caso en nuestra región Loreto, porque los casos vienen de casi todas las provincias loretanas: Alto Amazonas, Ramón Castilla, Ucayali, Maynas, Loreto-Nauta, Putumayo y Requena.
La autoridad fiscal ha afirmado que durante la verificación de los documentos, se pudo notar que hasta la fecha existen profesores que a pesar de contar con procesos administrativos, aún laboran en aula, sin que se haya impuesto la medida preventiva que corresponda.
Estamos en un escenario donde ni la intervención fiscal parece preocupar a quienes estarían cometiendo irregularidades administrativas y penales, con el agregado que estos casos de presuntos abusos y acosos sexuales fueron públicos a nivel regional y nacional, y por las redes sociales a nivel internacional.
Es el momento que la Dirección Regional de Educación debe responder como ente rector por lo que viene ocurriendo en las Unidades de Gestión Educativas Locales-UGEL que están en las provincias, en varias de las cuales también están en marcha procesos de investigación fiscal por millonarios desfalcos como en la UGEL Datem del Marañón, donde a pesar de las evidencias hasta la fecha no se informa si ha pasado de la investigación a ser judicializado; fuertes rumores en San Lorenzo hablan de “arreglos” para enfriar el tema.
Y qué curioso que Datem del Marañón no reporta qué profesores denunciados por abuso sexual están todavía en aula, aunque sí tiene casos de corrupción por desfalcos económicos gravísimos; pero, como dicen los docentes honestos allá, van a creer en la justicia cuando los responsables del robo millonario en esta Ugel reciban la sanción legal que merecen y que se devuelva lo robado. Seguiremos esperando.
Mientras otra forma de corrupción que atenta directamente contra la integridad física y moral de nuestras escolares, está pendiente que se haga justicia, para empezar que los acusados no estén ya en aula, hasta que se esclarezca su situación. Director de la DREL, gobernador regional y MINEDU, dónde están? Y los padres y madres de familia?