- En Loreto, casi el 70 % de los casos registrados en 2024 involucran a niñas, niños y adolescentes.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) continúa siendo una grave problemática en el Perú. En lo que va del 2024, el Ministerio Público ha reportado 1,762 víctimas de delitos contra la dignidad humana a nivel nacional, de las cuales 692 son menores de edad. Es decir, cuatro de cada diez víctimas son niños y adolescentes que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual.
Loreto enfrenta una situación aún más preocupante. De las 126 víctimas registradas este año en la región, casi el 70 % son menores. Casos como el de una menor de 15 años rescatada en un hotel en San Martín de Porres, Lima, o el de una niña de 11 años en Quillabamba, Cusco —cuyo propio padre intentó negociar un acto sexual con un adulto— evidencian la gravedad y frecuencia con la que ocurren estos delitos.
Frente a esta realidad, CHS Alternativo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) han lanzado la campaña nacional Vías de Libertad, que busca prevenir la explotación sexual de menores en el contexto de los viajes y el turismo. Esta iniciativa se ejecuta con el apoyo de Pan para el Mundo, y contempla acciones de sensibilización tanto en medios digitales como en puntos estratégicos de tránsito turístico, como los puertos de Iquitos.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que este tipo de explotación no solo ocurre en las calles o mediante redes digitales, sino también en hoteles, agencias de viaje, restaurantes y otros servicios turísticos. Señaló que, aunque la actividad suele mantenerse oculta y es difícil de denunciar, organizaciones como ECPAT Internacional han advertido sobre el aumento de estos casos en América Latina.
“La expansión del turismo y la conectividad han incrementado el riesgo. Países como Perú, México, Brasil, Colombia y Argentina se han convertido en destinos donde la niñez y adolescencia están especialmente expuestas a este tipo de explotación. Sin embargo, muchas veces el problema es invisibilizado por la falta de denuncias”, remarcó Valdés.
El sector turístico —sostuvo el especialista— todavía desconoce en gran medida esta problemática. Por ello, uno de los objetivos centrales de Vías de Libertad es que los prestadores de servicios turísticos puedan identificar situaciones sospechosas y reportarlas oportunamente, evitando que sus establecimientos sean utilizados como escenarios de abuso.
Por su parte, Flor Torres, abogada del MINCETUR, informó que desde el 2018 se impulsa el Código de Conducta contra la ESNNA, un compromiso obligatorio para todos los operadores turísticos del país. Hasta la fecha, más de 20,000 empresas han firmado este acuerdo. No obstante, aún hay más de 18,000 que no se han adherido, sin contar las que operan informalmente.
Finalmente, Torres recordó que la ESNNA está penalizada en el Perú con condenas de entre 10 y 20 años de prisión, e incluso cadena perpetua en casos agravados. Asimismo, las empresas involucradas pueden enfrentar la cancelación definitiva de sus licencias. “La lucha contra la explotación sexual de menores es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Solo a través del trabajo conjunto se podrá garantizar un turismo seguro, responsable y respetuoso con los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó. (K. Rodriguez)
