*Un año más ha transcurrido desde que cientos de cadáveres fueron enterrados a un costado de la Reserva Allpahuayo Mishana.
Hace unos días el diario La Región pudo ingresar a la parte posterior del cementerio municipal de San Juan, ubicado a la altura del Km. 18 de la carretera Iquitos Nauta. La vía de acceso de greda, está al aire libre, a un lado de lo que supuestamente sería la puerta de entrada para vehículos y peatones.
La sorpresa en esta oportunidad, fue ver que el cementerio municipal viene creciendo a un costado. Ya se observan decenas de pequeñas tumbas, debidamente acondicionadas.
No son tumbas del cementerio covid, ni de los muertos que se contaban en decenas allá por aquellos años dramáticos y trágicos (2020-2021), donde las personas exhalaban su último suspiro de vida a cada segundo, a cada minuto del día.
Para llegar al cementerio Covid, se tiene que ingresar unos 100 metros más y voltear a la mano derecha. Ahí hay otra puerta de fierro, que se puso para justificar los más de 225 mil soles que gastó el gobierno regional en la época de Elisbán Ochoa, con el pretexto del acondicionamiento de un campo santo.
Las supuestas tumbas antiguas siguen ahí con algunas cruces y nombres que se están despintando. Algunos cuerpos que lograron ser identificados, fueron exhumados y llevados a un verdadero cementerio para darles cristiana sepultura y así, los familiares tratar de borrar de sus mentes el atropello, el abuso, que hicieron las autoridades de esa época al arrojar los cadáveres en huecos, envueltos en bolsas negras y posteriormente a ello, echar tierra, arena y encima pasarles una aplanadora.
Hasta el día de hoy nos parece algo salido de una película de terror. Increíble e impresionante. Todo quedó como una cancha de fútbol, con algunas estacas. Cuando los familiares se enteraron de aquella noticia, se indignaron y lucharon por recuperar los restos de sus seres queridos.
El portal OJO Público, hizo una reseña al respecto.
“El terreno se encuentra en la parte posterior del cementerio municipal de San Juan Bautista, ubicado a 15 minutos de Iquitos. El año pasado un informe del diario “La Región”, publicado el primero de junio de 2020, reveló que en ese lugar se habían enterrado muchos cuerpos en secreto. Recién en ese momento las familias de Loreto se enteraron de que sus familiares fallecidos, de los que no pudieron despedirse, y a quienes las autoridades les habían dicho que cremarían para luego entregarles sus cenizas, yacían en realidad en ese lugar.
En julio del año pasado, la Defensoría del Pueblo informó que en esta nueva zona de entierro se habían sepultado un total de 406 víctimas de Covid-19, pero que habían 148 solicitudes de exhumación por parte de los deudos. En ese momento la Defensoría denunció que hasta tres cuerpos habían sido enterrados en una sola fosa, ignorando que muchos de los fallecidos contaban incluso con servicios funerarios.
Desde julio del año pasado, luego de la publicación en el diario “La Región”, la Defensoría solicitó al gobierno regional informar sobre los gastos realizados en el acondicionamiento de dicho terreno, el expediente técnico de la obra y los protocolos adoptados para la inhumación de cadáveres. Sin embargo, tras varios pedidos de información, en octubre solo les respondieron que gastaron S/ 225.650 en alquiler de maquinaria, mejoramiento del terreno y contratación de personal para los entierros.
Nathaly Chumbe Muñoz cuenta que, en esos días de abril del 2020, mientras las imágenes de una morgue colapsada de cadáveres se transmitían en todos los canales de televisión, las autoridades del hospital le dijeron que su madre había sido enterrada en un cementerio, cuya ubicación le informaría después. “Nunca nos dijeron nada. Hasta que un día vi en las noticias del diario “La Región” sobre este cementerio o fosa común. Entonces muchas familias protestamos y pedimos explicaciones a las autoridades de salud”, cuenta.
En agosto del 2020, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a Elma Vergara Cabrera, presidenta de la Junta de Fiscales de Loreto, solicitando la intervención del Ministerio Público, debido a “presuntas irregularidades en la construcción del cementerio Covid-19, gastos de mantenimiento y alquiler de maquinaria pesada”. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación” resume Ojo Público.
Pero como muchos otros casos importantes que ocurren en Iquitos, quedan en el baúl del olvido o de la complicidad, pues hasta la fecha no se ha sabido de ninguna sanción ejemplar para aquellos que cobraron miles de soles a fin de habilitar tumbas individuales para que los cadáveres más adelante sean identificados. Y nunca cumplieron. (Luz Marina Herrera Lama).
