Pueblos indígenas declaran la Amazonía en emergencia

  • Exige su liberación de la minería

A través de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), los pueblos indígenas de la Amazonía acordaron un mandato firme: una Amazonía libre de minería aurífera. Este acuerdo fue suscrito durante el «3er Encuentro Nacional de Articulación de Estrategias en Defensa de la Amazonía ante el Infierno Minero», realizado en Lima del 30 de septiembre al 1 de octubre.
El mandato de acción indígena emitido por AIDESEP subraya la lucha por una Amazonía libre de minería, argumentando que esta es esencial para la supervivencia tanto de los pueblos indígenas como de la población en general.
La minería aurífera ha afectado gravemente 2.49 millones de hectáreas en Perú, resultado de 30,754 concesiones mineras. Además, 115 mil hectáreas han sido deforestadas y 22 ríos que atraviesan 32 distritos amazónicos se encuentran contaminados.
La minería ilegal y sus consecuencias son devastadoras: «El cáncer minero» está destruyendo las riberas, alterando los cauces de los ríos y contaminando el agua con 185 toneladas de mercurio y otras sustancias tóxicas cada año. Esto no solo afecta a la fauna y flora, sino que genera impactos permanentes en los seres humanos, provocando la destrucción de humedales, lagunas y quebradas. Además, ha facilitado la invasión de problemas sociales como la violencia, prostitución, trata de personas y enfermedades como el VIH.
Los líderes indígenas también señalaron que el Estado, tanto a nivel central como regional, no ha actuado para frenar esta emergencia, ya sea por indiferencia o complicidad. «Esta es una infección que, de no ser frenada, arrasará con todo a su paso», advirtieron.
El documento emitido por AIDESEP también establece que liberar la Amazonía de la minería aurífera permitirá a los pueblos indígenas consolidar su autonomía y fortalecer su autogobierno territorial colectivo. Asimismo, demandan a las autoridades estatales que asuman su responsabilidad y tomen acciones inmediatas, advirtiendo que se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales en caso de incumplimiento. (K. Rodriguez)