- Expresó el Dr. Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del Tribunal Constitucional del Perú.
Indicó que hizo un alto en su recargada agenda para estar presente junto al Defensor del Pueblo en Iquitos, donde se presentaría el Informe sobre derechos fundamentales de la ciudadanía que no han sido abordados por el Estado: “El Estado de Cosas Inconstitucionales en el Perú”.
Se refirió a la sentencia que hace unos meses sacó el TC a favor de dos asentamientos humanos de Punchana que viven entre desagües. Pero también agregado a un “estado de cosas institucionales” que pasan en todo Loreto.
“Nosotros tenemos una perspectiva más esperanzadora en estos cambios que se están dando en el país pese a todas las discusiones. Y la convulsión política es recurrente y si es que hablamos de la historia, hemos vivido de convulsión en convulsión. O sea, no hay nada nuevo.
Pero lo que sí hay es una esperanza de hacer las cosas mejor, de cambiar lo que no se hizo y en un Estado donde todos somos responsables, inclusive los jueces. El caso de Punchana estuvo por años en el poder judicial y éste lo rechazó, declarando improcedente la demanda de amparo.
Tanto el juez como la sala superior y antes, fueron las autoridades de la región que sin tener capacidad de gestión no impulsó ninguna política pública tendente a solucionar la grave problemática que pasa por décadas en esta región.
Yo doy gracias que siempre he visitado Iquitos, he tenido el honor de ser profesor en ambas universidades, la estatal y la privada. Tuve la oportunidad por invitación del Vicario, de conocer Punchana. Estuve en el mismo asentamiento humano de Punchana en 3 oportunidades y vi esa dramática situación que coincidentemente teníamos un caso en el Tribunal Constitucional guardado desde el año 2017. El pedido de quien habla se puso en debate, yo fui el ponente en esa sentencia.
Esa sentencia, a mi criterio, es muy importante, trascendental e histórica porque cambia la decisión del juez. Los jueces nos hemos acostumbrado a tomar decisiones solamente críticas cuando tenemos que ser actores del proceso del cambio.
¿Qué pasa si ese derecho no lo materializa el gobierno, qué pasa si un derecho no lo manifiesta, no lo acompaña el aparato legislativo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El juez tiene que esperar en su despacho y esperar que lo haga la autoridad política?
El juez contemporáneo es un juez de las políticas públicas. ¿Cómo se materializan los derechos sociales? ¿No se materializan con acciones? Cuando el gobierno o la parte legislativa se queda inerte ¿qué tiene que hacer el juez? Dictar una medida para que se cumpla la vivienda digna, se asigne una pensión, se implemente el saneamiento físico legal. El juez tiene esa potestad de ver, de complementar cuando no lo hace la autoridad política.
Y ese juez existe en Argentina, en Ecuador, en Brasil, Colombia y en Europa. Es el juez que ya no se queda esperando que lo haga el poder político. No es teoría pura, es práctica de la realidad la implementación de mecanismos que tienden a garantizar los derechos sociales económicos, culturales, ambientales, que son los derechos de nuestros tiempos.
El Tribunal Constitucional es un Tribunal pequeño. Somos 7 miembros que tienen dificultades a veces hasta para poder completar a los 7. Tenemos una carga inmensa porque la población se siente decepcionada del poder judicial. Tenemos sentencias de sentencias que llegan del poder judicial pidiendo que se revisen. Son muchísimos casos, es una carga extraordinaria.
En consecuencia, siendo pocos magistrados, lo que ha entendido el Tribunal Constitucional, es que tiene que utilizar los mecanismos de colaboración de los poderes democráticos. Establecer con los poderes que deben colaborar armoniosamente entre sí para poder solucionar las controversias que pueden existir al momento de ejecutar una sentencia.
Hemos señalado que en las sentencias que nosotros dispongamos en temas relativos a los derechos individuales, los juzgados en ejecución serán los que las implementen. Hay temas delicados que implican que todo el aparato estatal esté presente.
El gobierno regional no ha venido. El gobernador ha debido estar acá porque es un hecho sustancial, no solo es Punchana, es toda la Amazonía donde se ha declarado el Estado de Cosas Inconstitucionales. Es un grave problema el agua, la infraestructura básica, los niños se contaminan, se ensucian, se dañan.
Hay que trabajar de manera articulada y bajo el principio de colaboración de los poderes y eso ha invocado el TC porque no puede más. Pero tenemos a una Defensoría del Pueblo, que tiene el poder de la magistratura de persuasión con esa capacidad de poder lograr que la sentencia se plasme en el tiempo y deben acompañar todos. Es trascendente este cambio sustancial.
El Tribunal Constitucional está tratando de cumplir con su función por los derechos económicos, sociales y culturales. Este Tribunal entiende que no podemos quedarnos en un escritorio resolviendo casos. Es un Tribunal que tiene que ver la problemática de la población, utilizando técnicas que el Derecho Constitucional contemporáneo permite para poder materializar algo que requiere del conocimiento de todos” mencionó entre otras expresiones.
Luego continuó: “Son aspectos centrales, elementales. Creo que esta sentencia (de los dos asentamientos humanos de Punchana, agregado al ECI) marca un derrotero fundamental, un nuevo cambio de entender la justicia. No solo la política sino la justicia desde un compromiso con los derechos humanos.
Celebro este cónclave, por lo que he hecho una pausa en mi labor y he acompañado al Defensor del Pueblo. Un esfuerzo de respaldo porque es un esfuerzo titánico que mucha gente no entiende y habrá muchos reparos seguramente, porque hay demandas presupuestales que desarrollar. Yo creo que sí hay recursos para hacerlo”, habló el integrante del TC Gutiérrez Ticse.
