Si antes de la nueva ley que aprobó el congreso de la República sobre la ejecución de obras por administración directa parte de los gobiernos regionales del país, no se gestionaba debidamente y cada año los saldos no ejecutados por los gorel causa molestias en la población, con la nueva normativa el dinero sobrante probablemente, va aumentar mucho más.
Esto siempre ha sido una crítica a los gobiernos regionales en general, que habiendo tantas necesidades es inconcebible que quede dinero sin ser utilizado en obras, lo mismo que en los recursos de las municipalidades tanto provinciales como distritales.
Pero, lo que ha dado el Congreso y sus miembros es un “golpe bajo”, ya que en lugar de motivar que se invierta lo más posible o destrabar si encuentran obstáculos para ese propósito, les quitan en la práctica los fondos para más obras.
Frente a esto, los gobernadores regionales consideran que la Ley 31876, aprobada por el Congreso y promulgada el pasado fin de semana, establece límites para su gestión, porque se prohíbe a las instancias regionales y locales ejecutar obras mediante el mecanismo de administración directa, si el costo de estas sobrepasa las 50 unidades impositivas tributarias; es decir, cuando ascienden a aproximadamente 250 mil soles.
Es lo que se viene señalando a nivel nacional, y ha ocasionado la reacción de los gobernadores regionales que están pidiendo a través la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales – ANGR, que se derogue esta norma, así como anunciaron que irán a la sede del Poder Legislativo el próximo 5 de octubre a tratar el tema.
La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) se pronunció en contra de la ley que establece estos nuevos parámetros para la ejecución de obras públicas bajo el mecanismo de administración directa, y anunció que sus dirigentes irán al Parlamento para pedir su derogatoria.
Es que se trata, como lo mencionamos, de las conocidas obras por administración directa que son las más numerosas en el país, pero como recordamos no precisamente se utilizan todos los fondos disponibles, y esto ocasiona la figura de que se devuelve a la caja nacional. Por lo que pareciera, que ante la presunta inoperancia, el gobierno nacional estaría queriendo hacer más caja.
Sobre este tema el presidente de la ANGR y gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se refirió a la cita que tienen los gobernadores y alcaldes del país para ir a Lima y pedir que se derogue la referida ley. Lo curioso es que quienes lo aprobaron son los congresistas que representan a todas las regiones del país y saben de las grandes necesidades. Algo no cuadra en estas decisiones. Exigimos una explicación.