- Han pasado más de nueve meses que se reabrió la investigación fiscal.
Luego que se hizo público con los “pantallazos” del presunto desfalco millonario de los depósitos a cuenta de varios exfuncionarios que fluctuaron entre los 15, 25, 50, 80, y 120 mil soles, han pasado aproximadamente nueve meses desde que se reabrió la investigación fiscal y la misma dirección regional de Educación de Loreto realizó sus propias investigaciones.
Todo sigue en silencio y en el misterio de saber lo que estrictamente pasó en la UGEL Datem del Marañón. Así como de las otras Ugel donde se presentaron otras evidencias de malos manejos administrativos de los fondos públicos destinados a la mejora de la calidad educativa en Loreto.
Recordemos que el caso UGEL Datem del Marañón fue escandaloso cuando se observó en los “pantallazos” que los entonces funcionarios en varios casos se habrían depositado de forma irregular hasta dos veces al mes en distinta fecha fuertes sumas de dinero.
Tal es el caso que en cuentas de varios de los implicados podía aparecer un acumulado de hasta 180 mil soles. Los documentos encontrados revelan que esta irregularidad se habría suscitado entre el 2015, 2016 y 2017. Y según se conoció la fiscalía iba a gestionar se autorice el levantamiento del secreto bancario de los implicados para develar la magnitud real de los depósitos.
Se hablaba de un presunto desfalco de más de 5 millones de soles y fuentes externas especulaban que era mucho más el probable perjuicio a los fondos de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL Datem del Marañón, región Loreto. Como que ahora tienen problemas económicos graves, al punto que ayer se denunció que no pagaron aguinaldo al personal docente y administrativo.
El hecho que se tocó noticiosamente en octubre de 2017 sobre los depósitos que se habrían realizado a unas veinte personas entre funcionarios y trabajadores a sus cuentas personales del Banco de la Nación, a través de planillas sin mayor sustento, parece avanzar demasiado lento, teniendo en cuenta que los implicados habrían admitido que sí les depositaron en sus cuentas el dinero de forma dolosa.
Estas maniobras se mantuvieron ocultas por más de tres años desde el 2015; sin embargo, ciertas fuentes señalan que viene de mucho más atrás, desde el 2009, solamente que en esta etapa pudieron detectar y mostrar en los “pantallazos” la millonaria suma extraída de la UGEL Datem del Marañón y la poca importancia que dieron al caso las autoridades regionales. Tal es así que luego de conocerse el caso los exfuncionarios todavía estuvieron en sus cargos o en puestos claves, hasta que la presión mediática logró removerlos.
Otro aspecto revelador de este caso son las propiedades asociadas a los involucrados como edificios, centros recreacionales, restaurante, hotel, carro 4 x 4. Y hasta de presuntos testaferros.
El tema es delicado porque, al parecer, los implicados empezaron a buscar culpables de todo lo que se venía conociendo públicamente, hasta que en el mismo San Lorenzo, hubo una amenaza de muerte a un trabajador de la UGEL Datem. Se espera que la celeridad en las investigaciones y el proceso judicial devuelvan a este sector educativo la posibilidad de que recuperen lo perdido económicamente.
Todos los que se beneficiaron ilícitamente con el depósito de dinero eran funcionarios y jefes de áreas, quienes firmaban y aprobaban los montos a depositar de tal manera que en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas no habrían entrado en sospecha, ya que el programa SIAF daba conformidad al tener registrado todas las firmas autorizadas y los vistos buenos de las áreas ejecutoras.
Se recuerda también que la intervención fiscal se dio a través de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto con el fiscal Alberto Caraza Atoche y el caso entró a un proceso de investigación que continúa.
Los investigados que dieron sus declaraciones testimoniales sobre el escandaloso hecho fueron el exdirector de la UGEL Datem del Marañón Wilmer Olivera Carvani, Larry Franco Altamirano Silva, Anover Ruiz García, Roy Miki Huamán Curitima, Hernán Sánchez Macedo, Willian Huber Huamán Gómez, Guster Bartenes Segeiro, Juan José Ramírez Cárdenas, Nemesio Rodríguez Santillán, Wagner Pinedo Luna, Óscar Jarama Caballero Huaccha, Isaac López del Águila, César Cardozo Barboza, Héctor Chávez Trigoso, Hernán Sánchez Macedo y Milton Gilberto Ucumbe Valencia. Se conoce que fueron convocadas más personas del sector Educación. También intervino una comisión de la Contraloría General de la República, sede Moyobamba, región San Martín, por la cercanía a la jurisdicción.
(Diana López M.)
