Desde el 25 de marzo de este año se concretó la fiesta de los activos de procedencia dudosa, ello porque gracias a un documento legal vigente por un año gozarían de una especie de impunidad. Aunque respecto al dinero de procedencia legal esta nueva normativa es una oportunidad para repatriar e invertir en el país las rentas no declaradas. Esto último está bien y es el objetivo del Decreto Legislativo y su reglamento publicado el mes pasado.
El mismo establece un régimen temporal sustitutorio del Impuesto a la Renta que permita a los contribuyentes domiciliados en el país declarar sus rentas no declaradas. Y estos recursos pueden estar en el exterior.
El problema es que esta ley en su reglamento se suma a las tantas contradictorias que existe en nuestro haber legislativo. Así una norma dice y la otra le desdice sutilmente, aunque sea por un tiempo determinado, no importa, lo dramático es que nos resta como estado serio y coherente, porque hasta tratados internacionales hemos firmado contra el lavado de activos que parece favorecer esta norma.
He ahí el meollo del asunto porque el Decreto invitaría a la legalización de dinero mal habido. Esta figura lo explica muy bien el especialista en lavado de activos en una de las ediciones del semanario Hildebrandt en sus Trece, abogado Luis Lamas Puccio. Nos ilustra en el tema y afirma que este decreto, en otras palabras, le manda un año de vacaciones a la lucha contra el lavado de activos en todo el país.
Y es que entre otros aspectos negativos del lavado de activos (dinero de procedencia ilegal) es que le hace una competencia desleal en las inversiones a quienes trabajan dinero de procedencia legal, y en nuestra ciudad de Iquitos y la región Loreto en general, tenemos evidencias que en este tema hay mucho por enderezar. De hecho no nos oponemos a la inversión, bienvenido sea, pero hay reglas de juego financieras que regulan el mercado y se tienen que cuidar.
El riesgo de este decreto, como dice Lamas Puccio, es que fácilmente puede ser esquivado un lavado de activos, porque si bien están exoneradas de los beneficios del decreto las personas que desde el 2009 a la fecha hayan ejercido algún cargo público, ya sea por elección o por designación, «fácilmente puede ser esquivado por un lavado de dinero. Un funcionario corrupto nunca tiene el dinero mal habido a su nombre ni del de su esposa. Para eso usa testaferros»… Entonces «el testaferro podría traer el dinero al país, declararlo, y la norma impide que se indague sobre el origen del capital», el mismo que podría tener otras procedencias ilícitas.
Otra perla del decreto ley en mención, dice que no se podrá repatriar capitales de una lista de países como Yemen, Uganda, Siria y Afganistán, y no prohíbe traerlo de países como Panamá, Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán o Andorra, lugares preferidos por los peruanos para esconder dinero, como lo demuestran las delaciones del escándalo Odebrecht y otros casos. Y la mayoría parlamentaria fujimorista ‘mutis total´ en este tema.
Fiesta de activos
