Los niños, la inmigración y la desigualdad, un asunto de todos

Por: Matthew Carlson

Nota del editor: Matthew Carlson es el director adjunto de Programas Plan International, organización que promueve los derechos del niño en las áreas de educación, salud, seguridad econonómica, agua y saneamiento, protección, emergencia, participación de los niños y la salud sexual.

La violencia en algunos países de Centroamérica ha dado lugar a una ola cada vez más grande de niños viajando solos a Estados Unidos.

Las familias los envían, en la mayoría de los casos, para salvarlos de la violencia que allí se vive;  de las maras, que sean reclutados, asesinados o violados. Otros son enviados a reunirse con familiares en busca de una mejor vida, una vida donde tengan acceso a lo más básico, como comida, agua potable y educación.
Se trata de una crisis humanitaria de emergencia, donde debemos recordar que ellos son niños, y por lo tanto, la consideración primordial debe ser dada a su mejor interés.

Visité la frontera el mes pasado, y pude ver de primera mano los peligros que estos niños enfrentan, y a los cuales siguen expuestos por la falta de recursos para proporcionar la protección que necesitan.

En Centroamérica viven alrededor de 19,1 millones de niños y niñas,  quienes representan el 40% de la población. Las últimas estimaciones revelan que al menos 13 de cada 20 niños y niñas centroamericanos viven en condiciones de pobreza (unos 12,4 millones) mientras casi la mitad (6,4 millones) sobrevive en pobreza extrema (Cepal/Unicef, 2010).

El 80% de las niñas, niños y adolescentes trabajadores que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema se concentran en Guatemala, El Salvador y Honduras.

A estas condiciones sumemos la violencia. Según estudios de las Naciones Unidas, los conflictos armados no resueltos, las condiciones de trabajo inhumanas, el tráfico de drogas y personas, la corrupción, el expolio de los recursos naturales, la enorme desigualdad y un patriarcado feroz son los factores que han generado el fenómeno  de pandillas conocidas como maras, desarrollando así la región más violenta del mundo.

Sí, el «triángulo del norte», como se le conoce, es la región más violenta del mundo, con niveles superiores a los de algunos países que sufren conflictos armados, y las consecuencias para la población civil son tan devastadoras como las que sufren las personas atrapadas en una guerra civil.

Mientras que el promedio mundial de tasa homicida en el año 2012 fue de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador tiene un porcentaje de 41,2 homicidios por cada 100 mil habitantes; Guatemala 39,9, y Honduras, pese a no haber sufrido una guerra civil en el pasado, se mantiene como el país más violento del mundo, con 90,4 homicidios por cada 100.000. En comparación, Sudán del Sur tiene 60, y la República Democrática del Congo tiene 28.3, según el estudio «Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo Norte de América Central».

El documento recuerda que el 30% de los homicidios en las Américas están relacionados con bandas o grupos criminales, y que América Latina posee los niveles más altos de violencia juvenil del mundo.

En el caso de las niñas, el riesgo de ser víctimas de trata y violencia sexual es mayor.

Así, quizás entendamos porqué  durante los primeros 10 meses del año fiscal 2014, un poco más de 57.000 menores cruzaron solos la frontera. El país que registra el mayor número de inmigrantes es Honduras con 16.546 (el país más violento), seguido por Guatemala con 14.086 y El Salvador con 13.301.

Muchos padres en la región ven como la salvación enviar a sus hijos, pese a que aumenta su situación de riesgo y vulnerabilidad.

Esto obliga a organizaciones internacionales, a estados, y a todos, a buscar soluciones. Plan  International está trabajando en los tres países generando capacidades y enfocándose en la protección de estos niños y en mejorar los refugios.

Pero el análisis y la solución son complejos, y todos debemos tratar de entender cómo podemos aportar nuestro granito de arena para poner fin a la violencia, a la desigualdad en la región, y así proteger a nuestros niños y niñas,  nuestros futuros gobernantes.