– Alcalde Charles Zevallos:
– Burgomaestre llama a movilizarse a Frente Patriótico, sociedad civil, presidentes regionales y alcaldes de Loreto, San Martín y Ucayali.
– Se podría privatizar el agua y expropiar territorios para hidroeléctricas.
La inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley N° 29760 que declara de necesidad publica e interés nacional la ejecución del Proyecto de Trasvase del Rio Marañón y el represamiento y la derivación del Rio Huallaga para fines hidro energético y agrícola” fue demandada por el alcalde Charles Zevallos Eyzaguirre y el pleno del Concejo Municipal de Maynas, en un pronunciamiento suscrito el pasado fin de semana.
Zevallos Eyzaguirre pidió la unidad de las representaciones de la sociedad civil, de las municipalidades distritales y provinciales de Loreto, San Martín y Ucayali y los respectivos Gobiernos de esas Regiones para desarrollar acciones conjuntas en la búsqueda de la derogación de la mencionada norma legal que implementa el Proyecto Corina.
“Esta Ley debe ser derogada por no reunir las condiciones técnicas para el sostenimiento de la vida humana, de la flora y la fauna en nuestra Amazonía.” Sostuvo el alcalde de Iquitos quien advirtió al Gobierno Nacional y al Congreso peruano sobre “el riesgo que representa represar dos de los más importantes ríos afluentes del Río Amazonas y sus consecuencias fatales sobre la vida de las personas y la biodiversidad de la llanura amazónica.”
En el pronunciamiento el alcalde Zevallos Eyzaguirre y los regidores del Concejo Municipal de Maynas coincidieron en señalar “el equivocado argumento que con el represamiento de las aguas se pretende elevar la producción energética del país y crear nuevos proyectos de irrigación de uso agrícola, favoreciendo a un sector de la Nación en contra de nuestra ecología que no es otra cosa que la vida misma de las personas y su entorno.”
Dijo que por necesidad de implementar esta Ley en breve podríamos tener la privatización del agua y la expropiación de una gran cantidad de territorios donde habitan los pueblos ribereños de estas cuencas y las posibles hidroeléctricas que se desarrollarían en el Huallaga. Esto no es otra cosa que el saqueo de nuestra última riqueza natural que es el agua.
El pronunciamiento señala que se percibe claramente que detrás de esta Ley existen intereses económicos del gobierno pasado que está generando un conflicto social con repercusiones graves en la vida de la humanidad. No hay que olvidar el duro impacto de los grandes proyectos de inversión en este tipo de territorio que generan daños y perjuicios a las poblaciones que viven alrededor de ellos y que en muchos casos no desean que se les cambie su modo de vida y que además los perjudicará desplazándolos o trayendo nuevos elementos a sus vidas como es – en muchos casos – la prostitución, la trata de personas, el desplazamiento forzado de población, el cambio de medio ambiente, entre otros. Zevallos Eyzaguirre reclamó que “esta es una Ley que necesariamente tendrá que derogarse, ya que es una norma que no se ha discutido, no se ha consultado, ni se ha hecho una revisión o un estudio sobre el impacto ambiental y social. Esta Ley autoritaria y criminal.” (MPM)
