No hace mucho el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (INDECOPI), denunció ante la autoridad pertinente el acto de concertación de precios que habían realizado tres cadenas de farmacias con el objeto de mantener en vitrina los medicamentos llamados de marca y desaparecer los genéricos.
Han transcurrido algo más de tres meses de dicha denuncia y hasta ahora, al menos periodísticamente no se sabe de ningún acto punitivo contra tal medida que afecta terriblemente la economía ciudadana y menos de una severa investigación que señale a los culpable de tal desaguisado que es consecuencia de la pugna que sostienen desde hace mucho, quienes ven el medicamento como un bien social y los que lo llaman un bien mercantil sujeto a las leyes del mercado y a la buena o mala voluntad de los laboratorios.
Sobre el particular, nosotros opinamos que abaratar los medicamentos es una obligación social del estado, optando para ello proporcionar equivalentes genéricos de los productos de marca a la población de medianos o escasos recursos.
Pero llevar a efecto tal medida significa un tremendo desafío a un poder económico transnacional, compuesto por los laboratorios que por la naturaleza de sus productos van implantando condiciones monopólicas que defienden tal sistema.
Se sabe que los costos de producción de un medicamento de marca sólo se reduce cuando ha logrado una gran cantidad de venta, de allí que se presuma que la producción de genéricos sea vista como un atentado a la economía de los laboratorios en el ámbito internacional, en consecuencia hay que aceptar que poco o nada se puede hacer para lograr que las medicinas en general, sean accesibles a todas las economías nacionales.
Visto tal panorama y a la vista también de un proceso eleccionario, tenemos que sentirnos inseguros en lo que a los candidatos a la Presidencia y al Congreso se refiere, pues ninguno ha mencionado el tema, lo que significa que seguiremos con la amenaza de privar a nuestro país de un beneficio que por ley le corresponde.
