Todo ciudadano peruano, autorizado por ley a decidir el cambio del actual Congreso de la República, apoyado por la ilustración periodística tanto nacional como regional, podrá, accediendo a un ligero raciocinio matemático, tener como referencia las sumas que todos pagamos para mantener la estructura humana del Congreso.
En tal raciocinio sin duda alguna obtendríamos como resultado, un verdadero fiasco de parte de los congresista a la ciudadanía, pues hasta los más desinformados saben que el trabajo congresal debe estar centrado en el estudio y elaboración de textos que permitan leyes que beneficien a la sociedad peruana en general; sin embargo, salta a la vista que en dicho recinto se gasta más tiempo, en chimes y actitudes inadecuadas, como eso de condecorar por decisión personal de una legisladora a una persona que cumple sentencia en libertad. Y nosotros le pagamos para eso.
También, dentro de las funciones del Congreso, está la fiscalización del trabajo del ejecutivo, ministros incluidos, añadiéndose a esto un control exhaustivo de toda la maquinaria estatal. Si se sabe que tal es el trabajo congresal, entonces por qué dichos señores enfrascan en una charlatanería intonsa, cuando forman parte de lo que se ha dado en llamar comisión investigadora; y que no es otra cosa que una forma de incrementar los ingresos ya bastante elevados de los «padrastros» de la patria.
Aventurándonos en la textura del trabajo de investigación, encontramos que hechos para todos tangibles, sólo son dignos de ampliación por los miembros de la comisión. Mencionemos sólo un acto que en su contexto muestra fehacientemente que el presidente no tuvo nada que ver en el caso León Alegría, pero según la comisión, el hecho que el presidente no haya contestado las llamadas de León, lo hacen sospechoso; ¿y que habría sucedido, si por casualidad el mandatario hubiera respondido siquiera una vez tales llamadas?. ¿Estaría ya Alan en la cárcel? Lamentablemente la inmunidad de que gozan todos los congresistas, los blinda para impedir que se aplique sanciones correctivas.
La ciudadanía se enteró de tales llamadas porque la secretaria del presidente así lo certificó; pero según los sabios que integraban la comisión investigadora, había necesidad de llamar a la secretaria presidencial para que certifique lo que dijo. Eso es perder el tiempo. ¿Si o no? ¿No será que la famosa comisión y los afanosos denunciantes han determinado que no hay delito y no saben cómo deshacer el nudo que han creado, en torno a dicho tema?. Esperemos el fallo final ¿Será para Navidad o a la finalización del régimen actual? La verdad es que ante la poca identificación de nuevos personajes en la línea de partida, hay que temer repeticiones que harían más daño que remedio.
No estamos contra ningún representante actual, pues dentro de la corta lista de congresistas que representan a Loreto hay quienes merecen mantener su presencia congresal, sin embargo es la opinión del pueblo la que decide si se quedan o se van.
