¿Y los derechos y garantías de pueblos indígenas?

– Advierten que paquete reactivador amenaza sobre la tierra
La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, conformados por organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios e indígenas, solicitan al gobierno garantizar los derechos sobre la tierra de cerca de ocho mil comunidades campesinas y nativas del país, que serán seriamente afectadas por las medidas del «paquete reactivador»
A un mes de vigencia, la mayoría de críticas a la Ley 30230, «que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país», se han enfocado en los aspectos ambiental y tributario de la norma, dejando de lado otras dimensiones importantes.  Así, mediante artículos sumamente imprecisos, generales y hasta ambiguos, la mencionada ley también constituye una grave afectación al ejercicio de los derechos de propiedad sobre la tierra de las ciudadanas y ciudadanos del país.
Bajo el argumento de promover las inversiones para evitar la desaceleración de la economía nacional, el gobierno del presidente Ollanta Humala implementará procedimientos especiales (Título III de la Ley 30230) que serán ejecutados por el COFOPRI, para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión -ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, nuevos ejes viales, etc.- «independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios».
El gobierno pretende, de este modo, facilitar la presencia de proyectos de inversión de gran envergadura, desconociendo los derechos y garantías establecidas en la legislación nacional e internacional a favor de los pueblos indígenas, organizados en 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas en todo el país.
Este grupo de peruanas y peruanos serán los más afectados con esta ley,  considerando que el 72.7% (5,483) de comunidades campesinas y nativas no tienen cómo acreditar de manera irrefutable su derecho de propiedad, debido a la carencia de georreferenciación de la extensión y localización de sus tierras, una deuda histórica que el Estado peruano hasta el día de hoy no ha saldado.
Más alarmante aún es que la Ley 30230 no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino también sobre el área de influencia indirecta (artículo 37, inciso a), lo que significa que se afectará las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones.
A inicios del 2013, se saludó la iniciativa del gobierno de retomar el saneamiento de la propiedad rural -incluidas las tierras de las comunidades- como parte de las tareas los Gobiernos Regionales, bajo la rectoría del MINAGRI.  Sin embargo, la nueva ley se trae abajo estas expectativas al encargar al COFOPRI la conducción de los procedimientos especiales mencionados, dejando de lado lo acordado para el inicio del Proyecto de Titulación y Registro de Tierras Rurales – III Etapa (PTRT 3) para el saneamiento legal de la propiedad rural.
Tomando esto en consideración, alertamos a la opinión pública sobre el peligro de la aplicación de dicha norma, por atentar claramente contra los derechos colectivos de las comunidades, y solicitamos al gobierno peruano su modificación, así como el reinicio del proceso de saneamiento de la propiedad rural.
La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra está conformada por  la Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, la Confederación Campesina del Perú – CCP, la Convención Nacional del Agro Peruano – Conveagro, el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES y el Instituto del Bien Común – IBC. (MIPR)