A propuesta del coronel a cargo de la comisaría de San Lorenzo
- De proseguir los disturbios de protesta por la muerte de periodista Isabel Alvarado
Ante los disturbios ocasionados en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia loretana de Datem del Marañón, que dejó como saldo varios edificios del Estado completamente destrozados, debido a que la enardecida población decidió quemar los mismos a raíz de su disconformidad por el actuar de las autoridades ante el presunto caso de feminicidio que cobró la vida de la joven periodista Isabel Alvarado Huayunga a manos de su ex pareja; el coronel a cargo de la comisaría de San Lorenzo viene proyectando un plan de evacuación.
Este plan consistiría en evacuar al Ministerio Público y al Poder Judicial debido a que la enardecida turba de pobladores aún permanece en las calles de la ciudad de San Lorenzo causando disturbios.
Ante estos hechos penosos, la Corte Superior de Justicia de Loreto, a través de su presidente, magistrado Javier Sologuren Anchante, hace un llamado a la población para cesar la violencia y no continuar atentando contra los bienes del Estado, recordando que la lamentable muerte de la joven periodista se viene investigando a través de las instancias competentes, todo ello bajo el debido proceso según las leyes.
En tanto el Poder Judicial dictaminó nueve meses de prisión preventiva para el principal sospechoso de la muerte de la periodista, su ex pareja Felipe Cáceres Rodríguez, quien ya fue internado en el penal de varones de Iquitos, junto a Ricardo Castillo, amigo de Cáceres y presunto cómplice.
Cabe señalar que el dictamen judicial no es la sentencia sobre este caso, puesto que los nueve meses serán para que la Fiscalía realice la investigación correspondiente y de haber suficientes indicios se procedería a formalizar la acusación por el presunto delito de feminicidio, cuya pena prevista es de hasta 35 años de cárcel.
«El juzgado a cargo del caso ha actuado diligente y oportunamente, garantizando la correcta administración de justicia al haber emitido una resolución ante el requerimiento del Ministerio Público, basándose en los elementos de convicción. Asimismo, es preciso que la ciudadanía confíe en las instituciones operadoras de justicia que tienen el firme compromiso de brindar un servicio efectivo», precisó Sologuren Anchante. (CSJL)
