-Según estudios elaborados por la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo
-Iquitos y Ucayali son las regiones donde más adolescentes son captadas por las mafias de trata de personas
De acuerdo al estudio «La trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes» que presentó la Defensoría del Pueblo y «Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 sobre trata de personas y su reglamento» y «Trata de Personas en el Perú: la agenda pendiente 2013 – 2016» de la Ong CHS Alternativo, determinaron que las víctimas de trata de personas no reciben protección ni asistencia del estado.
De acuerdo al resumen que ofrece la página de http://www.inversionenlainfancia.net/web/blog/noticia/1639/104, se detalla que en la presentación del informe defensorial «La trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes», el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, señaló que «ninguna de las cien víctimas de trata de personas menores de 18 años identificadas en este informe, recibió medidas de protección dentro del proceso penal, pese a que se encontraban en evidente situación de vulnerabilidad. El Estado debe prestar especial atención, tanto a la asistencia y protección de las víctimas, así como a la persecución y sanción a los delincuentes».
Este estudio de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, elaborado sobre la base del análisis de 50 expedientes judiciales tramitados desde el año 2007 hasta la fecha, revela que el 53 por ciento de los procesados por el delito de trata de personas fueron condenados a penas significativamente menores a la establecida en la ley, que establece una pena de hasta 35 años para este delito.
Precisan que los jueces no valoraron adecuadamente este delito y, aunque parezca increíble, señalaron como argumentos para reducir la condena a los culpables de explotar sexualmente o laboralmente a niños, niños y adolescentes, que los padres hayan consentido este hecho, o que el negocio donde la víctima es explotada sea formal o pequeño. El defensor del Pueblo calificó como «lamentables» estos argumentos para reducir las condenas a los culpables de este delito. «Los argumentos utilizados en las sentencias para justificar la disminución de la pena son absolutamente irrelevantes y no tienen relación con la comisión del hecho», aseguró Eduardo vega.
Este informe llama la atención sobre el nivel de impunidad que existe en este delito. El estudio también revela que en el 28 por ciento de los casos los jueces obviaron el hecho de la víctima era un niño, niña o adolescente, y que el 92 por ciento de los menores de edad víctimas de este delito afrontaron los procesos judiciales sin contar con asesoría legal.
Sobre la explotación sexual, el estudio señala que la mayoría de víctimas son mujeres adolescentes engañadas con ofertas de empleo y que terminan siendo explotadas sexualmente. Según este estudio, Iquitos y Ucayali son las regiones donde más adolescentes son captadas por las mafias de trata de personas, mientras que la ciudades donde con más frecuencia son explotadas sexualmente son Lima y Cusco.
Entre las recomendaciones que presenta este estudio de la Defensoría del Pueblo, se señala que el Congreso debe modificar los tipos penales relacionados a la trata de personas a fin de precisar su contenido y facilitar su aplicación; que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adopte medidas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito; que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asegure la asistencia legal a las víctimas desde la etapa de la investigación policial; que el Ministerio Público garantice la aplicación de medidas de protección a las víctimas; y que la Policía Nacional certifique el óptimo funcionamiento del Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA-PNP).
Respecto a CHS-Alternativo, la congresista Marisol Pérez Tello en la presentación de los estudios realizados por la referida organización sobre la trata de personas
«En protección y asistencia a las víctimas de trata de personas estamos jalados», señaló la congresista Marisol Pérez Tello, en la presentación del estudio «Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 sobre trata de personas y su reglamento», elaborado por Capital Humano y Social Alternativo (CHS-Alternativo), organismo especializado en la temática de la trata de personas.
El estudio «Tercer Balance: Implementación de la ley sobre trata de personas y su reglamento» analiza los avances en el desarrollo de políticas públicas contra este delito a través de un recuento de las acciones del Estado. Concluye que el Estado ha avanzado en prevención, pero no en la asistencia y protección a las víctimas; que en las autoridades existe un gran desconocimiento del delito de trata de personas a pesar de las labores constantes de capacitación y sensibilización; que se debe implementar eficazmente políticas públicas contra este delito y tener la voluntad política de cumplir con ellas; y la necesidad de que funcione adecuadamente del único sistema oficial de registro del delito de trata de personas, el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines de la Policía (RETA-PNP), inoperativo desde febrero de 2012. «Si bien se ha incrementado la labor de prevención, la falta de protección y asistencia ha ocasionado la re-victimización de niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos ha vuelto a caer en manos de tratantes y traficantes de personas», indicó Pérez Tello.
En opinión de la congresista Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y derechos Humanos, «es inaceptable que las autoridades no tengan conocimiento sobre la trata de personas. No hay conciencia de que existe este delito. Muchos piensan que sólo se trata de explotación sexual; también es la explotación laboral y la mendicidad. La víctima de trata de personas tiene rostro y es el de una mujer joven en condición de pobreza».
«Otro gran problema es la falta de un registro de las víctimas de trata de personas. Es inaceptable que el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines de la Policía, el RETA, no funcione», remarcó Pérez Tello.
Entre las acciones que se señala se deben seguir para terminar con este delito, se menciona la urgencia de iniciar una capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, pues muchos desconocen los conceptos, normas e implicancias de la trata de personas; que el RETA-PNP pase a ser administrado por el Ministerio Público; fortalecer las instituciones de la sociedad civil, por su independencia, capacidad de fiscalización y vigilancia del Estado; que el Estado asista y proteja a las víctimas de este delito y poner en práctica acciones encaminadas a mitigar el impacto de las situaciones que generan condiciones para que los tratantes o traficantes de personas se aprovechen y capten a sus víctimas. (MIPR)
