- Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, ofreció conferencia de prensa
El Gobierno del Perú y las grandes empresas deben romper con las formas del pasado para abordar la conflictividad social con el fin de mejorar el historial de derechos humanos en el país, concluyó un equipo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas tras una visita oficial de diez días.
Explican que nuestro país se ha acostumbrado a una situación de constantes conflictos sociales, con más de cien conflictos activos cada mes, indican que la gran mayoría de estos conflictos están relacionados con operaciones comerciales a gran escala en los sectores de minería, hidrocarburos y energía.
En los últimos cinco años, los conflictos sociales han causado 70 muertes, señalaron los expertos en sus conclusiones preliminares al final de la misión. Los conflictos surgen de preocupaciones ante la contaminación del ambiente y del agua y otras cuestiones que afectan los derechos humanos, causados por grandes operaciones mineras, derrames de petróleo en el Amazonas, o deforestación para plantaciones de aceite de palma y cacao.
“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.
Expresa que “Nos alienta ver señales de cambio, ya que el Estado y las empresas se están dando cuenta que escuchar voces críticas ayuda a identificar, mitigar y resolver las quejas antes de que se conviertan en conflicto”.
“Las empresas también están llegando a entender que el respeto a los derechos humanos es bueno para los negocios y ayuda al Estado a atraer inversiones de buena calidad ambiental y social”, agregó el Sr. Pesce.
Pide un nuevo mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los ambientalistas y los dirigentes indígenas. También subrayaron la importancia de una consulta significativa e informada en las primeras etapas de las operaciones comerciales a gran escala, y dijeron que deberían fortalecerse los métodos existentes para evaluar el impacto social y ambiental.
Asimismo, identificar y enfrentar estos problemas está en el corazón del concepto de “debida diligencia en materia de derechos humanos” establecido en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La aspiración de Perú de unirse a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ayudaría a alinear al país con estándares internacionales como los Principios Rectores, indicaron.
“Saludamos el compromiso del Gobierno con la agenda de empresas y derechos humanos y el anuncio de que se están dando los primeros pasos para desarrollar un Plan de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos. Instamos al Gobierno a que desarrolle este plan a través de un proceso inclusivo, multipartito y transparente”.
EL DATO: El Grupo de Trabajo presentará un informe completo de sus conclusiones y recomendaciones en un informe oficial al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2018. (MIPR)
