La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), a través del Vicerrectorado Académico, y en alianza estratégica con el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y la Junta de Fiscales, desarrollará una campaña denominada: “Vida Universitaria Sin Hostigamiento y Acoso Sexual”, que se iniciará el lunes 7 de octubre y concluirá en el mes de diciembre de 2019.
El lanzamiento de la campaña tendrá lugar en el aula magna, a las 9:00 de la mañana, y contará con la presencia del rector Heiter Valderrama Freyre, la vicerrectora académica doctora Perla Magnolia Vásquez da Silva, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto magíster Elma Sonia Vergara Cabrera, el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto abogado Hugo Pari Taboada, y los decanos de las diferentes facultades de la UNAP.
El acoso sexual es uno de los problemas sociales que más afecta a las mujeres y cuya práctica está, lamentablemente, muy arraigada en nuestro país. De acuerdo a Datum Internacional, en América, Perú es el segundo país con mayores índices de acoso, donde 41% de mujeres afirma haber sufrido este tipo de violencia de género.
En las universidades peruanas, la situación también es preocupante. El hostigamiento sexual tiene una prevalencia del 30% de la población estudiantil, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En estos casos, las víctimas de acoso deben enfrentar diversas dificultades, los acusados pueden ser docentes o autoridades, por lo que las denunciantes temen represalias que les afecten en su vida académica o laboral.
La falta de sanción de estas malas prácticas puede causar que las universidades privadas y públicas pierdan su licencia de funcionamiento. Así lo dispone el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que fue aprobado por el Ejecutivo por medio del Decreto Supremo N° 005-2019-Minedu, que establece hasta tres tipos de faltas con diferentes niveles de sanciones.
Las infracciones leves acarrean una multa de hasta el 1% del presupuesto institucional o del ingreso bruto anual. En el caso de las infracciones graves, la sanción económica llega al 3% del presupuesto o ingreso bruto anual, además de la suspensión de la licencia de funcionamiento. Las faltas muy graves son sancionadas con el 8% del presupuesto o ingreso bruto anual, además de la cancelación de la licencia.