La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), viene haciendo entrega de nuevos equipos de protección personal (EPP) a sus trabajadores que realizan labores presenciales, mediante el Comité Covid-19, conformado el 2020 al inicio de la emergencia sanitaria por pandemia, presidido por Augusto Cárdenas Greffa en coordinación con el rector Heiter Valderrama Freyre; en esta oportunidad están entregando mascarillas, protectores faciales, alcohol líquido, guantes, pulsímetro, y también medicamentos a los trabajadores que lo necesitan.
En una entrevista al Programa Conocimiento UNAP, Cárdenas Greffa expresó que recientemente adquirieron 100 mil unidades de mascarillas quirúrgicas y también las N-95 (3M), 500 unidades de protector facial, 1000 frascos de alcohol líquido, y medicamentos como: paracetamol, metamizol, dexametasona, ivermectina, etc. que vienen siendo entregados a un aproximado de 60 oficinas administrativas, y de las 14 facultades, incluidos la Escuela de Postgrado.
Cada oficina hace llegar la documentación informando el número de trabajadores que tienen laborando de manera presencial, y de acuerdo a ello se hace la entrega de EPP. Sobre el particular Augusto Cárdenas pidió a la comunidad universitaria mucha responsabilidad con la prevención del contagio Covid-19, no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones de la Dirección Regional de Salud de Loreto y la Organización Mundial de la Salud.
SE REINICIA LA LUCHA SINDICAL
Augusto Cárdenas, quien es también secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNAP (SUTUNAP), manifestó que en los próximos días estarán reiniciando la lucha sindical a nivel nacional, luego que la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, presentó el lunes 10 de mayo una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley que elimina el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
De acuerdo a la Procuraduría, la ley, aprobada por insistencia en el Congreso el 4 de marzo, es contraria a la Constitución, “dado que vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de recursos humanos en el sector público”. Ello se suma a la negativa del presidente Sagasti al retiro de hasta S/. 17600 la AFP de los aportantes, a pesar que el pleno del Congreso aprobó por insistencia –con 109 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra– el dictamen, entre otras exigencias.
