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¿Un sentenciado impartiendo justicia electoral en Maynas?

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Indignación total en Loreto. La transparencia del proceso electoral no puede estar en duda.

Preocupante. Mientras miles de ciudadanos con trayectoria limpia podrían asumir con honor una responsabilidad pública, hoy el Jurado Electoral Especial de Maynas tiene como tercer miembro a una persona con sentencia por delito contra la administración pública.
Como es de conocimiento público, los Jurados Electorales Especiales están conformados de la siguiente manera: los preside un juez de la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción; como segundo miembro participa un fiscal superior y el tercer miembro, es un ciudadano con residencia en el distrito electoral, designado mediante selección aleatoria por Reniec.
En el caso del Jurado Electoral Especial de Maynas para las próximas elecciones regionales y municipales, lo preside el Juez Superior Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas; como segundo miembro está el fiscal Dr. Alberto Niño de Guzmán Sánchez y como tercer miembro, el ciudadano Willy García Herrera. Hablamos de este último, quien cuenta con una sentencia penal por delito contra la administración pública, en agravio del Estado.
La sentencia incluyó pena privativa de libertad suspendida, periodo de prueba y el pago de reparación civil. Willy García Herrera, designado como tercer miembro del JEE, quien en el año 2022 fue condenado por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado Peruano-Municipalidad de Belén. La sentencia: 10 meses de pena privativa de libertad suspendida, además de una reparación civil.
Y aquí surge la pregunta que toda la ciudadanía se hace: ¿Puede una persona con estos antecedentes decidir sobre la legalidad de candidaturas y procesos electorales? Si bien la ley podría permitir su participación en ausencia de una inhabilitación vigente, la ética, la confianza pública y la idoneidad moral no pueden quedar en segundo plano.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de garantizar no solo la legalidad, sino también la legitimidad de sus órganos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil no puede limitarse a un sorteo sin filtros efectivos. Loreto merece autoridades electorales intachables.
Miles de ciudadanos sin cuestionamientos pudieron asumir ese rol. La confianza en el sistema electoral no se improvisa. Se construye con decisiones responsables. Exigimos una explicación inmediata de las autoridades competentes. Exigimos transparencia, idoneidad y respeto por la voluntad popular. Porque no se puede combatir la corrupción… permitiendo que las sombras del pasado decidan el futuro electoral de toda una región.

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