Desde Contraloría señalaron que el apu de la comunidad indígena ‘Nueva Alianza’ señaló que esta decisión se tomó por constantes exigencias y reclamos que realizan a Petroperú. Ante esta situación, el vicecontralor ha viajado a Iquitos para atender el caso y el ministro del Interior anunció en RPP que ya están en contacto con la comunidad.
Tres funcionarios de la Contraloría General de la República permanecen privados de su libertad por miembros de la comunidad indígena Nueva Alianza, en la localidad de Saramirisa, distrito de Manseriche, en la provincia Datem del Marañón, informó la institución.
Desde Contraloría indicaron que se trata de Diana Yauri Ore, Aaron Castro Jiménez y Dennis Olivera Vera, auditores que integran una brigada de la Oficina de Control Institucional de Provias Nacional, que acudió a dicha zona para realizar acciones de control gubernamental e inspección del ‘Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Saramiza-Borja’.
Según la institución, al llegar a la comunidad, los pobladores reclamaron a los funcionarios por presuntos temas de corrupción de Petroperú vinculados a la realización de obras.
El representante de la comunidad indígena ‘Nueva Alianza’, apu Jorge Caballero Cachique, indicó que esta decisión se tomó por las constantes exigencias y reclamos que realizan a Petroperú, además del incumplimiento de requerimientos de las comunidades campesinas.
Medidas de Contraloría
Al respecto, el vicecontralor de Integridad y Control de la Contraloría General de la República, Luis Miguel Iglesias, exhortó a un mejor despliegue, apoyo y mediación con la Defensoría del Pueblo y viene realizando coordinaciones con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a fin de garantizar la integridad de los auditores. Además, viajará a Iquitos para atender el caso.
Asimismo, se está solicitando una mesa de diálogo, a fin de buscar soluciones a la problemática que afronta la comunidad campesina, a fin de que se pueda lograr la liberación de los auditores.
Ministerio del Interior está en contacto con comunidad
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, indicó a RPP que ya han sido notificados del hecho por parte de la Contraloría y que están en contacto con las autoridades de la comunidad para determinar la situación de los auditores. Recordó también que las comunidades ancestrales tienen el derecho de practicar arrestos ciudadanos en determinados casos.
“Ya hemos sido informados de este hecho y estamos en contacto con las autoridades de la comunidad. Estamos tomando conocimiento y un poco reconociendo cuál es la situación real. No quisiera aventurarme a interponer un término”, dijo a La rotativa del aire-edición noche de RPP.
“Recordemos que nuestras comunidades ancestrales, yo siempre lo he dicho, tienen el derecho de practicar el arresto ciudadano justamente cuando se vulnera justamente las leyes que dentro de la tradición y dentro del reconocimiento que la Constitución les otorga, se quiebran”,
Tres funcionarios de la Contraloría permanecen privados de su libertad por comunidad indígena en Datem del Marañón
