A inicios de marzo, la Corte Superior de Justicia de Loreto anunció la presencialidad masiva de sus servicios, en tanto la virtualidad se aplicaría para casos excepcionales.
Así, con el transcurrir de los días, se vuelve a ver la acostumbrada afluencia del público en las instalaciones de palacio de justicia, pero, además, los órganos jurisdiccionales de las sedes de provincia también reportan la vuelta a esta modalidad.
Para muestra de sus ventajas, el Juzgado Mixto de Datem del Marañón notició una resolución donde sentenció al imputado al pago inmediato, y en la propia audiencia, de 15 mil soles de deuda por pensión de alimentos en favor de los agraviados.
Misma figura de conclusión anticipada desarrolló el Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, el cual, tras escuchar los alegatos y el debate entre las partes, tomó sólo 30 minutos para dar alcance de la decisión judicial.
De igual manera, sin las interferencias propias de la mediación tecnológica, y facilitándose el análisis judicial de procesos con reos en cárcel, la Segunda Sala Penal de Apelaciones y en adición Liquidadora de Loreto se trasladó hasta el penal de varones para llevar a cabo los juicios orales, reconociéndose los beneficios del principio de oralidad, el que se ve favorecido gracias a las intervenciones de los demás operadores de justicia cara a cara, en simultáneo y en conjunto.
Asimismo, destacó en los últimos días como noticia nacional el trabajo a puro pulso del Juez Mixto de Nauta quien, estando en su despacho y pese a un apagón de luz masivo, prosiguió con su labor redactando a mano una resolución completa, demostrando la importancia de mantener un trabajo presencial que no se detiene aun con la falta de medios tecnológicos.
Similar contexto afronta el Juzgado de Paz Letrado de Urarinas y Concordia, siendo las demandas de alimentos muy recurrentes en esta jurisdicción, en las que existen diversas comunidades indígenas.
Bajo la política de presencialidad, la Corte de Loreto busca agilizar la administración de justicia, pero también se equilibra la balanza, toda vez que los jueces sí admiten la virtualidad en casos donde los elevados costos por transporte y el factor tiempo así lo demandan; criterios que también son concertados respetuosamente con los fiscales, abogados y defensa pública para determinar la idoneidad entre una y otra alternativa, bajo la consigna de sacar adelante los procesos.
Al mismo tiempo, se evidencia el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, ya que tras un ‘escritorio virtual’ es difícil contar con las herramientas para combatir la perversión del sistema.