- Servidores penitenciarios demandan pago de CTS, beneficios laborales y mejoras salariales


Desde las primeras horas del jueves 13 de noviembre, los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) iniciaron una huelga nacional indefinida en todo el país, en protesta por la falta de atención del Gobierno Central y del Ministerio de Justicia a sus principales demandas laborales. La medida busca visibilizar la situación de precariedad en la que se encuentran los servidores penitenciarios, quienes aseguran haber sido relegados por años.
Entre sus principales reclamos figura el pago completo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), así como los beneficios por luto y sepelio, que hasta la fecha no han sido cumplidos. Del mismo modo, exigen la implementación del Régimen de Remuneración Íntegra Mensual (RIM) y un incremento en sus haberes diarios, que consideran insuficientes frente al riesgo y la carga laboral que implica su función.
Los dirigentes sindicales del INPE manifestaron que esta medida no busca afectar el orden interno de los penales, sino exigir respeto a los derechos laborales del personal penitenciario. Indicaron que solo se permitirá el ingreso del personal médico y de alimentación, con el fin de garantizar la atención básica a los internos durante la paralización.
Asimismo, precisaron que durante la huelga quedarán suspendidas las visitas de familiares y abogados, así como las audiencias judiciales programadas, hasta que se emita una disposición oficial que permita reanudarlas. “Estamos en una situación límite. El Estado debe entender que nuestros derechos no pueden seguir siendo postergados”, expresó uno de los voceros del gremio.
Los trabajadores recordaron que en los últimos años han enviado múltiples documentos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitando mesas de diálogo, sin obtener resultados concretos. Aseguran que el incumplimiento reiterado de los acuerdos ha generado descontento en todos los establecimientos penitenciarios del país.
Por otro lado, los servidores recalcaron que el personal del INPE cumple labores de alto riesgo, enfrentando situaciones de violencia y estrés sin contar con una cobertura adecuada ni incentivos económicos acordes con su responsabilidad. “Somos quienes mantenemos el orden y la seguridad en los penales, pero no se nos valora como corresponde”, enfatizaron.
Finalmente, los dirigentes reiteraron que la huelga nacional se mantendrá de forma indefinida hasta recibir una respuesta clara y por escrito de las autoridades competentes. También invocaron al Gobierno a establecer un diálogo real y urgente que permita solucionar las demandas del sector penitenciario y evitar una mayor afectación al sistema carcelario nacional.
(K. Rodriguez)





