Los acuerdos asumidos con cronograma incluido en Lima, entre las federaciones indígenas que estaban en protesta indefinida, deberían servir para unificar las acciones a favor de todas las federaciones existentes en las cuatro cuencas. Tanto el Estado, como las empresas petroleras transnacionales deben evitar dialogar o negociar por grupos, cuando el problema es integral y las soluciones por tanto, también.
Todas las federaciones tienen muchas coincidencias en sus reclamos, creemos que siendo las principales: La remediación de las zonas contaminadas por crudo de petróleo, la reparación del Oleoducto, el mejoramiento de las condiciones de vida a nivel educativo, salud, producción, conectividad, comercialización y desarrollar capacidades en finanzas.
En el tema educativo, una gran debilidad en las poblaciones indígenas es la falta de escuelas de inicial, primaria, secundaria y superior, en su entorno, de tal manera que no tengan que salir haciendo grandes esfuerzos económicos a otros lugares, salvo a posteriores estudios complementarios. Además de contar con la implementación material y de recursos humanos suficientes para el mejor desempeño de escolares y de la comunidad educativa.
Una muestra que los planes educativos se generan mutilados es que por ejemplo se dotan de computadoras a los colegios, cuando estos no tienen grupos electrógenos capaces de sostener el funcionamiento de los equipos, en vez de incluir tecnologías como la solar que garanticen la utilidad de las herramientas y sean sostenibles en el tiempo. Esto sucede en escuelas indígenas, pero también en mestizas.
Es nada más una muestra de cómo muchos proyectos fracasan porque se hacen por cumplir, sin evaluar ni estudiar bien los contextos locales. Algo parecido sucedió con las plantas temporales potabilizadoras de agua que según una fuente, fueron a parar en un almacén de una empresa petrolera, y nadie sabía quién los iba a instalar, a dar mantenimiento, etc. Esto se superó recientemente, después de muchos años de espera.
Y un entuerto más estaría por suceder en el tema de la titulación de pueblos indígenas cuando el Ministerio de Agricultura anuncia la titulación de 200 comunidades con presupuesto para todo el proceso, pero no le quiere encargar a la Dirección Regional Agraria de Loreto, sino, según otra fuente, a una empresa privada. Esto es inadmisible y se presta a suspicacias. Lo peor, como si el sector Agrario no contara con los técnicos y especialistas, a través de su dirección de saneamiento físico legal. Todas las federaciones unidas deben considerar que estos entuertos no vayan más.
