- Lo que se puede verificar a través del Informe de Control 007-2023/OCI.
Ayer se publicó una lista extensa de funcionarios de confianza del gobierno regional de Loreto que no cumplen con los requisitos necesarios para ocupar el cargo. Hoy también se puede ver qué en la gerencia regional de educación, existen profesionales que no cuentan con el perfil para desempeñar la tarea encargada.
Situación que viene afectando la observancia al principio de legalidad y de idoneidad para el ejercicio de la función pública y podría generar cuestionamientos a la validez de los actos administrativos emitidos por aquellos.
En primer término, se refieren a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Almendra Yaramé Montoya, nombrada con resolución regional gerencial 0000002- por el gerente actual Kelvin José Corimanya Ortega, para ocupar el cargo desde el 2 de enero de 2023.
“Para el desempeño de dicho cargo es de necesidad imperante el cumplimiento de requisitos mínimos” dice Contraloría. Siendo qué para la verificación de requisitos, revisaron todo el legajo personal de la mencionada jefa de asesoría jurídica.
Observaron dos constancias de trabajo, ambas emitidas en enero del año 2020, por la municipalidad distrital de Trompeteros. Señalan las constancias que Almendra Yaramé, se desempeñó como secretaria de alcaldía desde el 2 de enero al 28 de febrero de 2019. Y como jefa de la división de registro civil, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2019.
Otra constancia de trabajo en la que dice que la mencionada Yaramé, trabajó como asesora de alcaldía desde el 2 de enero a 31 diciembre de 2019. OCI en una verificación exhaustiva, solicitó a la municipalidad de Trompeteros informar respecto a que si era real lo presentado por Yaramé Montoya.
El 20 de julio 2023 la municipalidad de Trompeteros, les contestó: “Que la mencionada tuvo vínculo laboral con la municipalidad bajo el régimen 276, desde el 2 de enero al 28 de febrero de 2019 como secretaria de alcaldía. Y del 3 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 como jefa de la unidad de registro civil. Y que desconocen si las constancias de trabajo de 2 de enero de 2020 fueron remitidas por la misma municipalidad.
Advirtieron la falta de cumplimiento del requisito experiencia específica en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos, coordinadores responsables, supervisores, asesores de alta dirección o su equivalencia por parte de la mencionada. Exigencia que se encuentra establecida en el numeral 16.4 del artículo 16 del reglamento y artículo 22 del referido dispositivo. Entre otras observaciones, OCI concluye que Almendra Yaramé Montoya, no cuenta con el perfil para ser asesora jurídica de la GREL.
Crearon cargo para la ex gerente general regional Belvi Gelith Saldaña Calderón. Ella saló del cargo de gerente general del gobierno regional por no cumplir con el perfil necesario. Para que no quede fuera de la gestión el gerente de educación la designó como directora del sistema administrativo III, asignándole funciones como asesora de la gerencia regional de educación.
Sin embargo, la comisión auditora revisó el cuadro orgánico de cargos del MOF, y no encontraron la denominación del cargo antes mencionado y creado especialmente para Belvi Gelith. En el informe de plazas de NEXUS identifican la existencia del cargo, en situación de “vacante”; pero no identifican a Belvi, en el mismo. No cuenta con el perfil por la falta de experiencia específica en altos cargos.
En otro aspecto OCI también señala como una situación adversa, que la gerencia de educación contrató de forma directa a personal en un cargo que no es de confianza o de libre designación, sin previo concurso público de mérito. Situación que generó la afectación de la observancia al principio de legalidad e impidió una relación jurídica laboral, válida. Se refieren a la contratación de José Antonio Fernández Ordoñez, como jefe de abastecimiento.
Otra adversidad verificada señala: “La entidad emitió resolución de designación de personal de confianza, sin remitir informe de cumplimiento del perfil y de impedimentos para el acceso a la función pública, previa a dicha designación. Situación que viene afectando la observancia al principio de legalidad y afectando la idoneidad en el acceso y el ejercicio de la función pública.
La comisión auditora ya ha puesto en conocimiento del amplio informe al gobernador regional para que tome las acciones correctivas del caso. Firman el informe Marco Antonio Moreno Navarro, jefe encargado de OCI de la gerencia de educación. Y Luis Gerónimo Hernández, jefe de la comisión. (LMHL).
