– Al igual que su asesor legal y funcionarios por no reunir el perfil requerido
– Indican que siguen atropellando los derechos fundamentales de los trabajadores del sector educación.
Así lo dio a conocer Manual Sinacay Bardales, integrante de la dirigencia del mencionado sindicato en Requena, mencionando que las aguas magisteriales de dicha provincia sólo se han calmado en apariencia. «Hemos hecho muchas recomendaciones, hemos dado pruebas al nuevo director de la UGEL, Roberto Oyarce Caíña, más sigue igual que antes y es por ello que se hace necesario el cambio, pensábamos que venía de forma independiente, pero no ha sido así.
Le hemos demostrado que cuenta con un jefe de personal cuestionado por acoso sexual, con las denuncias planteadas para que actúe de oficio y no hace caso. Dijo que haría un informe de cómo ha encontrado la gestión ya que Malafaya ha administrado fondos del Cafae y la Ugel, pero a la fecha no da ninguna información. Hemos propuesto una mesa de trabajo para juntos resolver los problemas, pero tampoco responde nada, estamos igual o peor que antes. Hay que recordar que acá existe un desbalance de 2 millones de soles y no queremos llegar a diciembre y correr el riesgo de quedar impagos», opinó Sinacay.
Otro de los puntos que remarcan en su plataforma de lucha es el pedido de concurso público para los directores, como ya se hace en otras regiones que gustan de administraciones transparentes. Cumplimiento de la Ley del Profesorado. Investigación y sanción para los funcionarios que han cometido actos corruptos, quienes infringieron las normas de los procesos de contratos y nombramientos 2010 y 2011.
Finalmente han sacado un pronunciamiento mencionando que hay suficientes indicios de corrupción en la gestión, la que ha llevado a la politización y sumisión a favor de las autoridades de turno, local y regional. Acordando quitar la confianza al profesor Roberto Oyarce Caíña, director de la Ugel-Requena y a todos sus funcionarios, incluido el asesor legal, exigiendo sus renuncias inmediatas en un plazo de 48 horas «para evitar mayores consecuencias y agudización de los problemas del sector educación», concluye el pronunciamiento.
